El partido Vox ha dado un paso significativo en el ámbito educativo al presentar en el Parlament de Baleares una Proposición de Ley que busca modificar la actual legislación educativa, con el objetivo primordial de que el castellano sea reconocido como lengua vehicular en las aulas de la comunidad.

Según las declaraciones de la formación liderada por Santiago Abascal, esta propuesta busca restablecer la libertad, la equidad y el respeto por ambas lenguas oficiales en el sistema educativo balear, algo que consideran esencial para la cohesión social.

La iniciativa se basa en los compromisos alcanzados con el Partido Popular y responde a una “demanda histórica” de sectores sociales y educativos que, a su juicio, han sido despreciados y silenciados por políticas lingüísticas que favorecen una única lengua, en este caso, el catalán.

Vox busca deshacer el modelo de inmersión lingüística que, según la formación, ha sido impuesto por administraciones nacionalistas y que ha relegado el castellano a un papel secundario, promoviendo así una igualdad de condiciones para ambas lenguas.

Manuela Cañadas, portavoz de Vox, ha enfatizado que "no se puede hablar de igualdad mientras se excluya el castellano de las aulas", subrayando que este cambio legislativo es un paso hacia la libertad de elección de lengua en la educación.

La propuesta contempla modificaciones a la Ley 1/2022 de educación, permitiendo que los centros escolares organicen agrupamientos flexibles según la lengua que elijan las familias, al mismo tiempo que se promueve el uso de las variedades insulares de la lengua catalana, características de Baleares.

En el nuevo enfoque, se establece que tanto el castellano como el catalán serán lenguas de enseñanza y aprendizaje, con un énfasis en que al finalizar la educación obligatoria, los estudiantes posean competencia comunicativa equilibrada en ambas lenguas, tal como se reflejará en el proyecto lingüístico de cada institución educativa.

Además, se sugiere que los progenitores que deseen hacer valer su derecho a que sus hijos reciban educación en su lengua materna, ya sea catalana o castellana, puedan hacerlo al momento de la matrícula en el cuarto año de educación infantil o, de manera excepcional, en los primeros años de educación primaria, siempre que no se hayan matriculado previamente en un centro educativo.