En el juicio contra dos empresarios acusados de utilizar a la Policía Local de Magaluf para extorsionar a la competencia, el responsable de administrar varios negocios propiedad de los acusados ha negado cualquier trato de favor. Según él, eran los acusados quienes eran "los más buscados" y habían pagado "cientos de miles de euros en multas", las cuales él se encargaba de gestionar. Este testimonio se ha presentado en el juicio contra el exjefe de la Policía Local de Calvià, otros agentes y los dos empresarios acusados de extorsión, amenazas y corrupción.

El administrador ha asegurado que no hubo trato de favor hacia los negocios para los que trabajaba, ya que se gastaban grandes sumas de dinero en abogados para apelar las multas recibidas, a pesar de tener todas las licencias y documentación en regla. Sin embargo, sí ha reconocido que los agentes colaboraban con los empresarios a través de una asesoría, pero ha defendido la legalidad de dichos pagos.

Además, se ha revelado que los agentes también obtenían beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas. Otra testigo ha afirmado que los acusados llevaban la asesoría laboral de las sociedades de los otros empresarios acusados, pero nunca vio dinero en efectivo, ya que los pagos se realizaban por transferencia.

En otro testimonio, un trabajador de un local de Magaluf ha admitido que en 2014 declaró ante las autoridades que el exjefe de Policía Local de Calvià y otro agente gestionaban asuntos laborales de varios locales de ocio nocturno a través de una asesoría. Sin embargo, ha negado que estuvieran a cargo de las altas y bajas de los trabajadores. Además, ha reconocido que en ese momento afirmó que la Policía Local no inspeccionaba sus negocios, pero ha cambiado su declaración al asegurar que sí lo hacían. Ha justificado esta discrepancia alegando que en ese momento estaba bajo el efecto de drogas y recibiendo tratamiento psiquiátrico.

La Fiscalía solicita penas de prisión que llegan hasta los 30 años, así como penas de inhabilitación para los funcionarios públicos. Este caso forma parte de la macrocausa de corrupción policial de Palma y ha sido asumido por el fiscal de Madrid que llevó los casos de Bartolomé Cursach y el juez Manuel Penalva.

Los acusados enfrentan cargos de extorsionar a locales de Magaluf mediante inspecciones irregulares para perjudicar su clientela y beneficiar a la competencia. Además, los agentes también habrían obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas, utilizando sociedades a nombre de terceras personas para emitir las facturas.

El exjefe de la Policía Local de Calvià y el exjefe de la Policía Local de Marratxí se enfrentan a seis años de prisión por cohecho pasivo. Además, el Ministerio Público pide diez años para el exjefe de Policía por omisión de perseguir delitos. Dos agentes de policía enfrentan cargos de extorsión y amenazas, con una pena de dos años y 11 meses de prisión. Los dos empresarios acusados de cohecho pasivo enfrentan una pena de seis años de cárcel.

Según el escrito de acusación, en 2013 los dos agentes investigados visitaron un local y supuestamente plantaron droga para demostrar su poder para perjudicar a los empresarios. Sin embargo, el fiscal ha señalado que la droga no fue recogida ni mencionada en el informe policial, y que los agentes impidieron a los clientes y empleados abandonar el lugar durante 40 minutos. A pesar de esta intervención, el local no recibió ninguna sanción.

El fiscal también ha destacado que cuando se presentó una denuncia sobre estos hechos, el jefe de Policía en ese momento amenazó con querellarse si se difundían en los medios de comunicación. Además, se ha revelado que los acusados trabajaban como gestores laborales para algunos empresarios, emitiendo facturas a través de sociedades controladas por ellos. Según la Fiscalía, esto resultaba en un trato de favor hacia los locales, quienes eran avisados de inspecciones y se les quitaban multas o se pactaba una cantidad reducida.

En resumen, en este juicio se acusa a varios agentes de la Policía Local y empresarios de utilizar su posición para extorsionar a la competencia en Magaluf. Se les imputan varios delitos, como extorsión, amenazas y corrupción. La Fiscalía solicita duras penas de prisión y se espera que el juicio continúe en los próximos días.