Crónica Baleares.

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Álvaro Gijón analiza con detenimiento la condena contra el juez y fiscal que investigaron su caso

Álvaro Gijón analiza con detenimiento la condena contra el juez y fiscal que investigaron su caso

El exdiputado del PP Álvaro Gijón ha recogido este lunes la notificación en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) respecto a la sentencia que condena a los investigadores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. La representación legal de Gijón estudiará la sentencia para decidir si la recurre ante el Tribunal Supremo.

Ante los medios de comunicación, Gijón ha rechazado hacer declaraciones y valorar la sentencia en cuestión, limitándose a señalar que están estudiando su contenido.

En su visita a la sede judicial, Gijón se ha encontrado con el subinspector Miguel Ángel Blanco, uno de los policías condenados en el caso. Blanco ha sido sentenciado a tres años y diez meses de prisión por obstrucción a la justicia y coacciones hacia Álvaro Gijón.

El juez Penalva y el fiscal Subirán, por su parte, fueron condenados a nueve años y un día de cárcel por diferentes delitos, y de esa condena, un año y medio de prisión corresponden a coacciones sobre Gijón.

El TSJIB también ha ordenado a los condenados indemnizar conjunta y solidariamente a Álvaro Gijón con 6.500 euros por daños morales.

Cabe destacar que Gijón se dio de baja del PP luego de la detención de su hermano y sus padres en el 'caso ORA' en 2017, manteniendo su inocencia. A pesar de ello, continuó como regidor y diputado no adscrito hasta el final de la legislatura.

En relación a la condena por coacciones a Gijón, los magistrados del Tribunal Superior consideran que el chat intervenido a los investigadores demuestra la falta de imparcialidad del juez y el fiscal en la instrucción del caso, lo cual constituye una violación de las garantías básicas del proceso penal y los derechos de los investigados.

La sentencia señala que, independientemente de la discutible existencia de indicios de delito y su potencialidad para realizar las detenciones y registros, no era necesario ni proporcional detener a los familiares del expolítico.

Según el Tribunal, los acusados Miguel Ángel Blanco, Iván Bandera, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán pretendían presionar al político para que confesara su participación en el amaño del concurso y recibiera una comisión ilegal de un millón de euros. Además, buscaban influir negativamente en el ánimo de los familiares detenidos para obtener información que pudiera incriminar a Gijón.