Crónica Baleares.

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"Armengol y exmiembros del Govern balear comparecerán en comisión sobre mascarillas en el Congreso"

La presidenta de la Cámara Baja sigue sin revelar quién recomendó a su Gobierno contratar con la empresa vinculada a Koldo García

MADRID, 12 de mayo.

La comisión del Congreso que se encarga de investigar los contratos de emergencia para la compra de material sanitario durante la pandemia ha convocado para este lunes a Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, así como a dos ex altos cargos del Ejecutivo regional, que pagaron 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión --la empresa relacionada con la 'trama Koldo'-- por las mascarillas suministradas.

Esta será la tercera sesión de comparecencias de la comisión. Después de la primera jornada en la que se interrogó a la presidenta del Tribunal de Cuentas y al exministro de Sanidad Salvador Illa, la comisión cambió su enfoque hacia la presunta trama que vendió material sanitario a la Diputación de Almería, gobernada por el PP.

En la segunda sesión, la comisión escuchó el testimonio de un exmiembro del PP detenido en 2021 por este caso, así como del actual vicepresidente segundo de la Diputación y número dos del partido en esa provincia. Aunque quedan más testigos por comparecer vinculados a esta trama aún no juzgada, la comisión ha decidido dedicar su tercera sesión al aspecto balear del 'caso Koldo'.

Por lo tanto, las comparecencias del lunes comenzarán a las once y media de la mañana con Manuel Palomino, quien fue director de Presupuestos en el Servicio de Salud de las islas (IB-Salut) durante la pandemia. A las tres de la tarde, le tocará el turno al actual portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, que fue conseller entre 2015 y 2023, y finalmente, a partir de las seis de la tarde, será el turno de la actual presidenta del Congreso.

El Gobierno de Armengol otorgó un contrato de emergencia a Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por Koldo García Izaguirre, asesor en ese momento del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos. En abril de 2020, el gobierno autonómico pagó a esta empresa 3,7 millones de euros por la adquisición de mascarillas.

En una comparecencia pública el pasado marzo, Armengol negó haber recibido "órdenes" o "presiones" de la trama Koldo para adquirir material o solicitar la devolución de parte del mismo, aunque no mencionó quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar con Soluciones de Gestión.

Armengol ha sostenido siempre que todas las ofertas recibidas para la venta de material durante la pandemia eran remitidas a los técnicos del Servicio Balear de Salud, quienes, a su vez, revisaban precios y materiales y tomaban la decisión de contratar o no.

Desde el anterior gobierno balear han indicado que desde el principio, este contrato de emergencia buscaba la adquisición de mascarillas para uso doméstico y para mantener un stock, pero no para uso inmediato en centros sanitarios.

En junio de 2020, se dieron cuenta de que el material adquirido no cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas, pero en agosto, el IBSalut emitió un certificado a la empresa indicando que no había habido ningún problema con el contrato. El equipo de Armengol en Baleares asegura que este certificado simplemente confirmaba la transacción, sin impedir una reclamación posterior.

Las mascarillas no se utilizaron y quedaron almacenadas porque se adquirieron otras de mejor calidad que tenían prioridad de uso. Tampoco se destruyeron porque el gobierno central lo desaconsejaba y porque resultaban útiles para mantener un stock que sería beneficioso en las fases de desescalada varios meses después.

Con el tiempo, se revisaron los contratos firmados y en julio de 2022, el IBSalut consideraba reclamar la devolución de 2,6 millones, la diferencia de coste entre las mascarillas solicitadas y las recibidas. Esta reclamación se formalizó en julio de 2023, sin haber agotado el plazo de prescripción de cuatro años. Fue durante el mandato del Govern socialista ya en funciones, pero se comunicó al nuevo gobierno del PP durante el traspaso de poderes.

El Gobierno de Prohens se apoyó en el certificado de agosto de 2020 para desistir de la reclamación iniciada por el Ejecutivo anterior, argumentando que complicaba la posibilidad de obtener una resolución favorable, y optó por iniciar una nueva reclamación, esta vez por el monto total del contrato, los 3,7 millones de euros.

Una vez concluyan las comparecencias, la comisión se reunirá en privado para tomar una decisión sobre el informe de los letrados que recomienda retirar parte de las solicitudes de documentación aprobadas anteriormente, incluida la información solicitada por el PSOE relacionada con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tanto su pareja como sus familiares directos.