Aproximadamente 10.000 solicitudes se han recibido en las Islas Baleares, principalmente en Mallorca e Ibiza, luego de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con respecto a la limitación de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

El Gobierno balear está preparando una nueva regulación para los VTC con el objetivo de evitar verse obligado a otorgar un gran número de licencias pendientes. Además, se plantea eliminar el requisito de contratación con un mínimo de 30 minutos de antelación en la comunidad.

Fuentes del Departamento de Vivienda, Territorio y Movilidad han señalado que las Islas Baleares necesitan adaptar su normativa debido a varias sentencias relacionadas con los VTC. Por un lado, el Tribunal Supremo anuló en febrero el artículo de un decreto vasco que exigía a los VTC una contratación con 30 minutos de antelación, medida que también se encuentra en la regulación de Baleares. Además, se eliminó el artículo que prohibía la geolocalización de vehículos que no hayan sido contratados previamente.

Por otro lado, en junio el TJUE se pronunció en contra de la limitación de una licencia de VTC por cada tres licencias de taxi, en una sentencia relacionada con la regulación del área metropolitana de Barcelona.

Solo en el año 2023, se han presentado más de 10.000 solicitudes de licencias de VTC en Baleares, especialmente en Ibiza y Mallorca, y especialmente después de la sentencia europea.

Actualmente, el Gobierno está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legislación balear. El Tribunal Supremo ya ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma isleña este año, y en junio el Tribunal Constitucional la aceptó. El Tribunal Supremo planteó que el requisito de antelación mínima podría infringir el artículo 38 de la Constitución, que trata sobre la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

Por lo tanto, desde el Departamento advierten que si el Gobierno no promueve una nueva regulación, existe el riesgo de que algunas de las miles de licencias solicitadas terminen siendo otorgadas por decisión judicial.

Aunque no se ha especificado qué fórmula se utilizaría para limitar la concesión de licencias, se ha recordado que un Real Decreto estatal brinda a las comunidades autónomas la posibilidad de establecer limitaciones con base en criterios medioambientales y de congestión del tráfico.

Las fuentes consultadas también enfatizan que la nueva regulación aún no está finalizada y se encuentra en proceso de negociación con los Consejos Insulares y los sectores económicos afectados, con los que ya se han celebrado reuniones. Sin embargo, la aprobación de la norma no es inminente.

El Departamento asegura que la futura regulación, además de mejorar la sostenibilidad, el tráfico y la movilidad, permitirá mejorar la competitividad y modernización del sector del taxi y mejorar la movilidad en general.

El ingreso de Uber este año en Mallorca e Ibiza ha generado descontento entre las asociaciones de taxi, quienes acusan a la empresa de no cumplir con el requisito de los 30 minutos de antelación. Por otro lado, el director general de Uber en España, Felipe Fernández, ha destacado que en lugar de enfrentarse al sector del taxi, aspiran a establecer alianzas y acuerdos para que "todos los taxis de Mallorca" se unan a la aplicación en los próximos años.