En un giro significativo de su política social, el Govern de las Islas Baleares ha decidido aprobar un aumento del 15 por ciento en los precios pactados de los servicios destinados a personas con discapacidad. Esta iniciativa implica una inversión total de 2,87 millones de euros, que se verá implementada entre los años 2025 y 2027.

La Conselleria de Familias y Asuntos Sociales ha comunicado que este acuerdo recoge las demandas que han sido planteadas tanto por las patronales como por los sindicatos del sector. Según se indica en el comunicado, esta decisión se presenta como un avance crucial para asegurar la dignidad laboral y proporcionar un servicio de calidad a los ciudadanos con discapacidades.

El aumento será gradual a lo largo de los próximos tres años, con incrementos del 7,87 por ciento en 2025, 3,24 por ciento en 2026 y 3,15 por ciento en 2027. En el caso de la isla de Ibiza, el incremento total alcanzará el 27,42 por ciento, impulsado por un suplemento de insularidad, que incluirá un pago retroactivo de 300 euros mensuales para cada trabajador a partir de enero de 2024. Esta medida es particularmente relevante en Ibiza, donde las dificultades en la contratación de personal y los costes operativos son significativamente más altos.

Las iniciativas incluidas en el acuerdo abarcan una variedad de servicios, tales como el apoyo socioeducativo, la atención precoz, la rehabilitación comunitaria, así como el acompañamiento a personas con sordoceguera o discapacidades físicas, además de programas orientados a la asistencia tecnológica y la promoción de la autonomía en la infancia.

El acuerdo también trae consigo mejoras salariales relevantes para el personal que se dedica a estos servicios, especialmente para quienes pertenecen a los grupos I a III, con incrementos de hasta 2.000 euros brutos anuales en 2025, y 1.000 euros adicionales en 2026 y 2027. Esto es un paso importante para disminuir la alta rotación de profesionales, consolidar equipos de trabajo estables y fortalecer la confianza en las relaciones con los usuarios.

Desde la Conselleria se enfatiza que esta revisión salarial y del financiamiento asegura la viabilidad financiera de las entidades que ofrecen estos servicios y garantiza el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. El Govern reafirma su compromiso con la mejora constante del sistema de atención social, promoviendo un enfoque centrado en la persona que prioriza la dignidad, la profesionalidad y la calidad de los servicios prestados.