PALMA, 11 de junio. Un número significativo de instituciones educativas en Baleares, concretamente 103, han decidido mostrar su desacuerdo respecto al llamado "pacto de la vergüenza", un acuerdo alcanzado entre el Partido Popular (PP) y Vox.

Estos centros han respondido al llamado de la Assemblea de Docents, llevando a cabo una lectura del manifiesto en sus instalaciones este miércoles. La Assemblea ha sido clara al manifestar que estos centros respaldan una postura de rechazo hacia el reciente acuerdo presupuestario.

En el contenido del manifiesto, se señala que dicho pacto representa un "grave retroceso social y educativo". Además, sus firmantes expresan una firme oposición a las medidas que, según su criterio, desestiman la calidad de la educación pública, atacan la enseñanza en lengua catalana, y amenazan principios fundamentales como la tolerancia, la solidaridad, los derechos humanos y la igualdad.

Los docentes en cuestión sostienen que el pacto no aborda los problemas reales de las instituciones educativas, sino que los "agravia y utiliza" en su beneficio. Aseguran que las políticas propuestas son "xenófobas" y persiguen reforzar campañas en contra de la inmigración y del colectivo de menores no acompañados.

“Estos niños son parte de nuestra comunidad educativa y no toleraremos que se les criminalice”, enfatizan, haciendo hincapié en que el acuerdo que se ha firmado busca “destruir” uno de los pilares que sostienen la cohesión social: la enseñanza en lengua catalana.

El manifiesto también destaca que no permitirán que “su sectarismo socave las oportunidades de igualdad para todos los estudiantes, sin importar su origen”.

Asimismo, critican que este pacto fomenta el "negacionismo climático", lo que va en contra del pensamiento crítico y el rigor científico que se espera enseñar en las aulas, además de "atentar" contra los valores que sostienen la memoria democrática.

“Es nuestra responsabilidad mitigar sus efectos y asegurar que estos acuerdos no tengan validez en nuestros centros”, recalcan.

Finalmente, estos educadores reclaman una educación inclusiva y democrática, que fomente el bien común, y exigen recursos adecuados para una educación pública de calidad. También defienden la necesidad de mejorar las condiciones laborales para evitar la fuga de docentes, así como el respeto por la lengua catalana como elemento crucial de la identidad y cohesión social.

“Ante los intentos de imposición y recortes, responderemos con determinación. La educación no es un privilegio, es un derecho y lucharemos por mantenerlo. No retrocederemos”, concluye el manifiesto que se ha presentado en los centros educativos.