PALMA, 2 de julio. La agrupación MÉS per Palma ha llevado a cabo una formal denuncia ante la Oficina de Atención Integral a la Vivienda, señalando la inaceptable ocupación de la residencia de Marivent, así como de la vivienda de Emili Darder, ambas propiedades que pertenecen a la Comunidad Autónoma y están bajo el uso de la Casa Real y el Ministerio de Defensa, respectivamente.

La portavoz del partido, Neus Truyol, junto a los concejales Kika Coll y Miquel Àngel Contreras, se presentaron en las oficinas municipales para pedir el desalojo inmediato de estos inmuebles. Aseguraron que la oficina en cuestión carece de propósito y tiene una inclinación ideológica que, en su opinión, busca perpetuar un clima de animosidad y temor hacia las personas más vulnerables que luchan por acceder a una vivienda adecuada.

Los representantes ecosoberanistas critican que esta oficina sirva como un instrumento al servicio de la extrema derecha, que criminaliza la pobreza y silencia otras problemáticas urgentes como el aumento de precios de los alquileres y la inacción en políticas efectivas de vivienda.

Truyol afirmó que esta podría ser una oportunidad para que la oficina realmente cumpla una función útil, proponiendo que se ponga fin a lo que denominó "ocupaciones de lujo" y que se devuelvan estos patrimonios al uso público en beneficio de toda la ciudadanía.

La vivienda de Emili Darder, localizada en la calle Antoni Planas i Franch, fue confiscada en 1937 durante la represión franquista contra su familia. Actualmente, está bajo la gestión del Ministerio de Defensa. MÉS ha abogado consistentemente por la cesión de esta propiedad al municipio de Palma con el fin de convertirla en un Centro de Memoria de la Guerra Civil, una petición también respaldada por los descendientes de Darder.

Por su parte, la residencia de Marivent fue donada por la familia del pintor Ioannes Sadirakis con el objetivo de transformarla en un museo de arte público; sin embargo, es utilizada actualmente como el retiro veraniego de la Familia Real, pese a ser de propiedad de la Comunidad Autónoma.

MÉS per Palma ha instado a un desalojo inmediato de ambos edificios, al mismo tiempo que ha solicitado que se implementen políticas de vivienda que regularicen los precios de alquiler, movilicen viviendas vacías y amplíen el parque público de viviendas disponibles.

“Mientras hay miles de familias en Palma que no pueden acceder a un alquiler, la monarquía y el ejército han estado ocupando propiedades públicas sin abonar un solo euro durante décadas”, concluyó Truyol.

Al concluir una rueda de prensa después de la Junta de Gobierno municipal, el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzà, manifestó que si la denuncia presentada por la formación ecosoberanista es “fundamentada”, los responsables de la casa actuarán conforme a lo considerado apropiado.

Bauzà agregó que la información será evaluada una vez se conozcan los detalles que sustentan la denuncia presentada por MÉS.