PALMA, 1 de julio.

La Audiencia Provincial de Palma ha continuado este martes con el juicio relacionado con la estafa masiva de Lujo Casa, donde varios afectados han compartido sus testimonios. Durante la sesión, se puso de manifiesto que el Ayuntamiento de Llucmajor les había asegurado que no existía nada de lo que se prometía y que los planos presentados no eran confiables.

Una testigo, que junto a su pareja adelantó alrededor de 23,000 euros —los cuales lograron recuperar por vía civil—, relató que al notar irregularidades decidió acudir al Ayuntamiento. Allí recibió la sorprendida respuesta de que no había nada y que los promotores no habían cumplido con los pagos necesarios para obtener la licencia, a pesar de su interés en los terrenos.

En su intervención, la testigo también mencionó que un amigo aparejador al revisar los planos le advirtió que no eran fiables. Intentó contactar al arquitecto responsable de la promoción, pero se encontró con evasivas por parte de quienes le atendieron.

Otra pareja, que aún no ha recuperado los 17,500 euros que anticiparon, expresó su desdicha al haber esperado con ilusión una vivienda más grande tras el nacimiento de su hija, solo para verse decepcionados. La mujer recordó que Carlos García Roldán, el presunto cabecilla de la estafa, les aseguró que el terreno era de su propiedad.

Un testigo adicional afirmó que él y su pareja entregaron 35,000 euros en efectivo bajo la promesa de un descuento. Su experiencia fue similar, ya que mencionó que sus llamadas no eran atendidas y que en el Ayuntamiento le confirmaron que no existía licencia para las obras.

Durante la audiencia, también se trató la conexión entre la empresa Mallorca Investment, de Michelle Pilato —quien enfrenta una pena de diez años de prisión— y Lujo Casa, cuyo nombre aparecía en documentos entregados junto a la otra compañía.

Según la acusación del fiscal anticorrupción, García Roldán y los demás procesados utilizaron Promociones Lujo Casa Baleares para proyectar una ilusión de actividad inmobiliaria, anunciando viviendas en venta que en realidad nunca existieron.

En algunos casos, se valieron de imágenes de otras promociones tomadas de internet. De las más de 32 propuestas publicitadas en la isla, solo se adquirieron siete solares, y ninguna vivienda fue construida.

Esto resultó en una estafa de 3.3 millones de euros que afectó a al menos 235 personas, muchas de ellas parejas jóvenes engañadas con contratos de reserva para futuras compras de viviendas.

A medida que las fechas de entrega se cumplían sin resultado, los compradores comenzaron a hacer reclamaciones y solicitar explicaciones, pero solo recibían evasivas. Se intentó disuadir a las víctimas de denunciar, argumentando que esto podría perjudicar las promociones o la recuperación de su dinero.

Con los fondos ilícitos, los acusados pagaron salarios a empleados ficticios y derrocharon grandes sumas en restaurantes, casinos, servicios de compañía, así como en joyas y automóviles. Se reveló que García Roldán frecuentó un casino en 227 ocasiones, acumulando gastos por 712,000 euros mientras recaudaba fondos.

Al enterarse de la investigación en su contra, García Roldán se fugó a Colombia, donde intentó cambiar su apariencia y esconderse. Fue detenido en 2019 en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía colombiana.

Tras un tiempo en prisión en Colombia, fue extraditado a España, donde permaneció en prisión provisional durante cuatro años. En diciembre de 2022, fue liberado bajo medidas cautelares, situación que ha mantenido hasta el inicio del juicio.