El GOB ha llevado a cabo una denuncia formal ante la Comisión Europea en relación a las leyes de obtención de suelo y simplificación administrativa que han sido implementadas por el Govern, argumentando que estas medidas contravienen tanto el derecho ambiental europeo como la directiva marco del agua.

Según lo informado por varias representativas de esta entidad ecologista durante una rueda de prensa realizada este viernes, la denuncia fue registrada a comienzos de esta semana y se dirige tanto al Gobierno autonómico como al estatal.

Con esta acción, se refuerza la iniciativa judicial contra las normativas y decretos impulsados por el Ejecutivo de Marga Prohens, ya que, según sus críticos, estos atentan contra la protección del territorio.

El GOB ha interpuesto, en los últimos meses, dos recursos ante el Tribunal Constitucional y ha presentado una denuncia ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo de asesoramiento de la Unesco, en relación a la Serra de Tramuntana.

Margalida Ramis, portavoz del área de Territorio de GOB, ha calificado esta denuncia como un “último empujón, contundente y fuerte” en su lucha para preservar el medio ambiente.

Ramis explicó que gran parte de los argumentos presentados ante la Comisión Europea son los mismos que han utilizado en sus recursos de inconstitucionalidad, pero orientados hacia la infracción de las normativas europeas, especialmente relacionadas con los recursos hídricos.

“Este recurso es crucial y tendrá un impacto estratégico en la lucha contra la crisis climática. Creemos que es un error letal promover nuevos desarrollos cuando el acceso al agua ya es incierto”, destacó Ramis.

La portavoz confía en que la denuncia resulte en sanciones tanto para el Estado, por ser responsable del cumplimiento de la normativa europea, como para la comunidad autónoma.

“¿Qué podría suceder? Podría ocurrir que la Unión Europea inicie un proceso que, aunque dure un año, nos permitirá entablar diálogo y seguramente nos solicitarán información adicional. A partir de ahí, podrían decidir sancionar”, comentó.

Por su parte, Francisca Mas, jurista y miembro de la junta directiva del GOB, también se pronunció sobre la importancia de proteger recursos hídricos y acusó al Govern de avanzar en una “carrera suicida” que prioriza ganancias sobre principios de sostenibilidad.

“Se está colocando la lógica de la especulación por encima de la lógica de la vida. La justificación para estas leyes es la crisis de vivienda, ignorando que existen miles de viviendas vacías. Se está destructurando la racionalidad en el proceso legislativo”, sentenció.

UN PROBLEMA A LARGO PLAZO

Las representantes del GOB han enfatizado en el incumplimiento de la directiva europea y de la legislación estatal sobre el agua debido a que permiten el crecimiento urbano sin verificar la disponibilidad de recursos hídricos.

Además, han denunciado la violación de normativas europeas que requieren realizar evaluaciones ambientales estratégicas en cada proyecto antes de permitir desarrollos urbanísticos de esta naturaleza.

Según los ecologistas, la normativa actual “excluye o disminuye” la importancia de informes técnicos, priorizando proyectos residenciales estratégicos por encima de los planes urbanísticos existentes.

También subrayaron que el “desmantelamiento de la participación ciudadana” a través de la utilización de procesos urgentes vulnera el Convenio de Aarhus y dos directivas europeas, al omitir los procesos de información necesarios y establecer legalizaciones automáticas que limitan el acceso a la justicia ambiental, generando opacidad y falta de seguridad jurídica.

Ramis advirtió que las consecuencias de esta situación no se manifestarán de inmediato, sino que se presentarán a largo plazo, “lo que las hacen aún más alarmantes, ya que no habrá una respuesta popular activa en el momento”.

RIESGOS PARA LA BIODIVERSIDAD

Xisca Mesquida, portavoz del área de Conservación Marina, destacó los peligros que las legislaciones del Govern suponen para la flora, la fauna y los espacios protegidos.

Un claro ejemplo de esto es el riesgo de autorizar construcciones en suelos rústicos “sin evaluación ambiental”, lo cual podría resultar en edificaciones cercanas a áreas protegidas sin considerar el impacto en especies vulnerables.

“Esto infringe la directiva de hábitats, una de las normativas más fundamentales del derecho ambiental europeo, que obliga a los estados a evaluar cualquier proyecto que afecte a espacios naturales dentro de la red Natura 2000”, enfatizó Mesquida.

La portavoz pronosticó que, en vista de la situación ambiental actual en Baleares, “muchas especies podrían verse afectadas tanto en el corto como en el largo plazo”.