El departamento de Presidencia y Administraciones Públicas ha aclarado que 228 expedientes pendientes de incoación en la extinta Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, referentes a denuncias entre 2021 y 2024, continuarán su curso en los órganos correspondientes.

Según fuentes del departamento dirigido por Antònia Estarellas, estos procedimientos seguirán su trámite en la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios y no caducarán, a pesar de las declaraciones previas de la consellera en el Parlament.

Durante una comparecencia solicitada por el PSIB en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, Estarellas mencionó que la liquidación de la Oficina, en consonancia con la ley de transparencia, implicaba la caducidad de los 228 expedientes mencionados, aclarando además que se han entregado al Parlament unos 300 expedientes ya finalizados y que otros dos en proceso continúan su tramitación.

En su intervención, Estarellas defendió la liquidación de la Oficina por su falta de transparencia y duplicidad de funciones, mientras que el PSIB acusó al Ejecutivo de incrementar la opacidad en las instituciones y encubrir posibles casos de corrupción, según manifestó en conclusiones.

Respecto a los expedientes pendientes, desde la Conselleria se han planteado dudas jurídicas relacionadas con las competencias administrativas por motivo de las denuncias y las medidas a tomar para preservar la confidencialidad de los expedientes, incluyendo la posibilidad de dar trámite de audiencia a los denunciantes antes de su remisión a otras administraciones.

Ante la falta de constitución de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, se propone trasladar los expedientes a los Sistemas Internos de Información de las Administraciones denunciadas para que investiguen los hechos y propongan medidas correctoras, evitando saturar a la justicia con denuncias poco fundamentadas al remitirlas al Ministerio Fiscal o al Tribunal de Cuentas en casos de posible criminalidad.

En el segundo tema planteado, se sugiere permitir a los denunciantes alegar antes de la remisión de sus denuncias a otras administraciones públicas, para que puedan expresar su opinión u oponerse a dicha remisión.