En el primer semestre de 2025, las autoridades han iniciado un total de 40 procedimientos sancionadores relacionados con el alquiler irregular de embarcaciones, lo que pone de manifiesto una fuerte presión contra estas prácticas en las Islas Baleares.

En Palma, el pasado 20 de junio, el Govern, en colaboración con la Guardia Civil, lanzó una nueva campaña dedicada a la supervisión e inspección de los chárteres náuticos que operan sin la debida autorización legal, un esfuerzo que se intensificará durante los meses de verano.

Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y del Ciclo del Agua, afirmó ante los medios que esta iniciativa busca “garantizar que el alquiler de embarcaciones se realice en conformidad con la ley y con los estándares de calidad más altos”. Además, enfatizó que las actividades que no se ajusten a la normativa estarán bajo estrecha vigilancia y se enfrentarán a posibles sanciones.

Hasta la fecha, y concretamente hasta el 12 de junio de 2025, se han registrado 40 expedientes en total, con 17 infracciones clasificadas como leves y 23 como graves, cuya cuantía en multas podría sumar hasta 173.100 euros.

Por si fuera poco, se mantienen en proceso más de 45 denuncias y actas choicas enviadas por la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera y los técnicos de la Dirección General durante el mismo año, lo que sugiere un panorama complicado para aquellos que infrinjan las normativas del sector.