En una decisión que ha causado revuelo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha notificado al Consell de Mallorca la sentencia del Tribunal Supremo que anula el rescate del túnel de Sóller, dándole dos meses para cumplirla.

El titular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell, Fernando Rubio, ha informado a los medios en Palma sobre la necesidad de preparar una propuesta para determinar la cantidad a pagar, ya que la sentencia del TS no especificó el monto a entregar.

Los servicios legales y financieros de la institución insular están trabajando arduamente para minimizar el impacto económico de esta resolución, que podría tener consecuencias significativas para las arcas públicas.

La empresa concesionaria del túnel reclama 30 millones de euros, aunque el Consell ya desembolsó 16,3 millones. Un informe pericial sugiere que la suma final podría ser considerablemente mayor.

El rescate, llevado a cabo en 2017 durante la gestión de Miquel Ensenyat, fue declarado inválido por el Alto Tribunal en septiembre, confirmando decisiones previas de instancias judiciales inferiores.

El Tribunal Supremo argumentó que la anulación del rescate no estaba justificada por motivos de interés público suficientemente fundamentados, señalando que la simple insatisfacción de una administración no es motivo suficiente para echar atrás un contrato.

En este caso, el Consell alegó que la eliminación del peaje buscaba evitar discriminaciones a los usuarios, pero el Supremo consideró que la existencia de vías de pago no es intrínsecamente discriminatoria, sino que permite obras públicas sin costos para el erario.