Una nueva enmienda presentada por el partido MÉS ha sido incorporada a la legislación referente a los proyectos industriales estratégicos, modificando de esta forma el marco legal en las Islas Baleares.

PALMA, 9 de julio.

Durante la jornada de este miércoles, el pleno del Parlament ha dado su visto bueno a la Ley de gestión y modernización de áreas de promoción industrial gracias a los votos a favor del PP, Vox y algunos diputados no adscritos, mientras que los representantes de la izquierda optaron por abstenerse.

La iniciativa, impulsada principalmente por el PP y Vox, tiene como objetivo potenciar el asociacionismo dentro del ámbito empresarial. Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller de Empresa, Empleo y Energía, destacó que de los 53 polígonos industriales en Balears, muy pocos poseen asociaciones activas que fomenten la colaboración y añadan valor a la actividad empresarial.

El conseller también resaltó que el gran atractivo de esta nueva legislación radica en su flexibilidad. Según indicó, esta ley no presenta obstáculos, sino que proporciona las herramientas necesarias para que cada polígono pueda elegir el modelo de gestión que mejor responda a sus necesidades específicas.

Esta normativa pretende regular las medidas necesarias para alcanzar la modernización y correcta gestión de las áreas industriales, incluyendo la implementación de un Plan Autonómico para la Competitividad y estrategias que fomenten la colaboración entre el sector público y privado.

De manera unánime, el texto legislativo ha integrado una enmienda de MÉS per Mallorca, que introduce una cláusula adicional a la ley de proyectos industriales estratégicos, limitando la aplicación de esta normativa en el ámbito de las energías renovables únicamente a aquellos proyectos que sirvan para abastecer energéticamente actividades de industrialización o modernización.

Los representantes ecosoberanistas celebraron esta modificación, asegurando que contribuye a evitar que la ley se convierta en un instrumento que facilite la proliferación descontrolada de parques solares en suelo rústico.

Por su parte, la diputada de Vox, Manuela Cañadas, abogó por la necesidad de eliminar lo que ella denomina "dogmas climáticos" en la legislación, al presentar una enmienda destinada a desestimar cualquier norma relacionada con políticas climáticas, aunque su propuesta fue rechazada en el Parlamento.

Cañadas argumentó que el verdadero "obstáculo" radica en la ideologización de la normativa en torno a temas climáticos y urbanísticos, instando al PP a despojar a la ley de cualquier influencia de la izquierda.

El portavoz del PP, Jordi López, destacó el valor de las enmiendas introducidas en el texto durante su trámite en el Parlamento, subrayando que la aprobación de una ley tan crucial para el futuro industrial es un claro indicio de que el diálogo y la cooperación política son posibles cuando existe voluntad.

En respuesta, los grupos de la izquierda manifestaron sus críticas hacia la ley, considerándola llena de "incongruencias e incoherencias" y alegando que carece de la valentía necesaria para ser realmente efectiva. MÉS per Mallorca, Més per Menorca y PSIB cuestionaron la calidad del trabajo legislativo, argumentando que la propuesta llegó al Parlament mal redactada.

El diputado menorquinista, Josep Castells, expresó su sensación de que "alguien no realizó el trabajo de seguimiento necesario" durante el proceso de elaboración de la ley.

Asimismo, los diputados Ferran Rosa (MÉS) y Marco Guerrero (PSIB) hicieron referencia a inconsistencias en el texto, incluyendo la eliminación de un tipo específico de colaboración que había sido previamente establecido, gracias a una enmienda propuesta por Vox.

También se cuestionó la supresión de una Comisión para la Competitividad de las Áreas de Promoción Industrial, en virtud de otra enmienda de la formación de Santiago Abascal, con el ecosoberanista advirtiendo sobre la creación de conceptos nuevos sin una clara definición.