El Partido Popular (PP) ha expresado su preocupación por la situación de las personas sin hogar, pero ha rechazado la reciente propuesta legislativa presentada por Unidas Podemos, calificando el contenido de la misma como un "discurso ideológico" que no aborda la problemática de manera efectiva.

Vox también ha intervenido en el debate, manifestando que el amplio catálogo de prestaciones ofrecido por la ley podría llevar a muchos a sentirse incentivados a abandonar sus hogares en busca de ayudas más atractivas.

En la jornada del 17 de junio, el Parlament se pronunció en contra de la ley destinada a combatir el sinhogarismo. La votación concluyó con 31 votos en contra de los diputados de PP, Vox y algunos no adscritos, frente a 23 a favor provenientes del bloque de izquierda.

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, defendió la propuesta argumentando que no se trata de estigmatizar a las personas sin hogar, sino de reconocer sus derechos fundamentales que deben ser protegidos. Afirmó que es crucial que los equipamientos y espacios gestionados por consells y ayuntamientos sean dignos y adecuados.

Gómez también destacó la alarmante presencia de personas viviendo en lugares impropios, como el aeropuerto de Palma y el Hospital Son Espases, estimando que alrededor de 600 individuos están en situación de calle o en asentamientos. Además, expresó su frustración hacia el PP por no permitir un verdadero debate sobre la propuesta.

La diputada acusó al Govern de haber debilitado el pacto sobre inclusión social debido a su alianza con Vox, afirmando que en los últimos dos años se había trabajado en el avance de esta ley y lamentando la falta de apoyo ahora.

Desde el PSOE, el diputado Omar Lamin mostró su respaldo a la ley, describiéndola como innovadora y esencial para abordar el problema del sinhogarismo, que él considera una manifestación grave de la exclusión social. Hizo hincapié en que no se puede justificar la falta de vivienda por adicciones o problemas de salud, ya que muchas de estas situaciones están interrelacionadas con la pobreza y la falta de un hogar.

El legislador socialista criticó las políticas de vivienda del Govern, argumentando que la situación ha cambiado drásticamente en la última década, y que la vivienda se ha vuelto más una mercancía que un derecho. Además, lamentó que el pacto presupuestario vaya en contra de los objetivos de inclusión social.

La diputada ecosoberanista Marta Carrió también respaldó la ley, diciéndola pertinente y necesaria en consonancia con las directrices europeas y con base en datos estadísticos que indican altos niveles de sinhogarismo en Palma.

Carrió mencionó que en un recuento nocturno de 2022, se identificaron más de mil personas en la calle en Palma, superando con creces la media nacional. Llamó a abordar urgentemente el sinhogarismo mediante una ley inclusiva que capte la complejidad del problema y sus causas, principalmente el acceso a vivienda asequible.

En cuanto a la postura del PP, la diputada Maria de Lluc Fornas declaró que comparten la preocupación por la exclusión social, pero justificó su oposición a la ley al considerarla incoherente e ideológica. Criticó la propuesta por proponer más prestaciones sin un plan claro para la inserción laboral y social, y advirtió sobre la falta de un respaldo económico claro.

La iniciativa de Unidas Podemos pretende diferenciar los diversos niveles de sinhogarismo y urgir a las administraciones a evitar cualquier tipo de discriminación hacia esta población, así como garantizar formación y sensibilización del personal encargado de su atención.

Además, se plantean estrategias para fomentar la integración social y laboral de las personas afectadas. Un aspecto destacado en la ley es la intención de garantizar dignidad y servicios básicos mientras se busca la solución a largo plazo a través de diversos modelos de asistencia.

Desde Vox, la diputada María José Verdú arremetió contra la propuesta, calificándola de un intento de imposición ideológica que podría alterar la estructura social de Baleares. Aseguró que, de haber presentado medidas concretas para ayudar a las personas sin hogar, podrían haber encontrado su apoyo.

Verdú consideró que el enfoque de la ley genera incentivos indeseables, desincentivando la estabilidad y motivando a muchos a abandonar sus hogares. Su crítica se centra en los derechos subjetivos y en el vasto conjunto de prestaciones que la ley propone, sugiriendo que esto podría llevar a consecuencias contraproducentes.