El subinspector de la Patrulla Verde ha defendido su postura y ha negado rotundamente haber dado un trato de favor al empresario Miguel Pascual.

PALMA, 8 de Abril.

El empresario Miguel Pascual ha decidido no declarar en el juicio por la presunta trama de corrupción policial en la Playa de Palma, conocida como caso Pabisa.

El juicio ha comenzado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, en contra de nueve policías locales, un funcionario del Ayuntamiento y el empresario del ocio nocturno. El fiscal Anticorrupción Juan Carrau los acusa de haberse aliado para favorecer los locales del empresario a cambio de servicios sexuales y trato preferente.

El fiscal solicita penas de hasta 50 años de prisión por varios delitos de prevaricación administrativa y cohecho, en una de las piezas de la investigación sobre corrupción en la Policía Local de Palma.

La sesión ha iniciado con el debate de cuestiones previas, donde las defensas han pedido revelar la identidad de algunos testigos protegidos, solicitud rechazada por el Tribunal. También se ha señalado la falta de concreción en el escrito del fiscal, cuya resolución quedará en manos de la sentencia final.

El interrogatorio de los acusados ha comenzado con el empresario, quien ha optado por no responder preguntas ni del fiscal ni de su abogado. Luego, un subinspector de la Patrulla Verde ha negado cualquier tipo de favoritismo hacia los negocios de Pascual.

Los hechos investigados en este caso se remontan a los años 2007 y 2015, y se centran en posibles inspecciones advertidas previamente en los locales de Pascual, orden de trato preferencial por parte de un funcionario encargado de licencias y servicios de vigilancia por parte de agentes para evitar la contratación de seguridad privada.

El fiscal sostiene que el empresario ofrecía servicios sexuales gratuitos y consumiciones a cambio de información privilegiada sobre inspecciones, permitiéndole evitar posibles detecciones de empleados irregulares. También se menciona que el empresario habría ordenado a sus subordinados favorecer al funcionario acusado con servicios sexuales y consumiciones gratuitas.

Además, según el fiscal, oficiales daban órdenes a agentes para que se apostaran en los locales del empresario y así evitar la contratación de seguridad privada. Varios agentes se quejaron a sus superiores al respecto.

En cuanto a las penas solicitadas, el fiscal pide cinco años de prisión y multa para el empresario, diez años de inhabilitación y multas para el subinspector y jefe de la unidad nocturna, y cuatro años y medio de cárcel y multa para los demás acusados.