La Audiencia Provincial de Palma celebra un juicio esta semana contra seis individuos acusados de estafar a inmigrantes para obtener permisos de residencia de manera fraudulenta. Según la acusación, cobraban más de 2.500 euros por cada gestión falsa.

El fiscal solicita cinco años de prisión para cada uno de los acusados, incluyendo empresarios, gestores y abogados, por violar los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según el Ministerio Público, los acusados contactaban con personas en situación irregular para simular una relación laboral inexistente en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib), y luego utilizaban el acta falsa para obtener permisos de residencia por arraigo en las Oficinas de Extranjería.

Varios individuos lograron obtener permisos de residencia pagando las sumas acordadas, pero posteriormente estos permisos fueron revocados al descubrirse las prácticas ilegales llevadas a cabo por los acusados.