BRUSELAS, 21 de mayo.

La Asociación Europea de Consumidores (BEUC) ha decidido presentar una formal denuncia contra siete aerolíneas, incluyendo nombres conocidos como Ryanair, Vueling y Volotea. La queja se basa en lo que consideran prácticas abusivas relacionadas con el tarifado del equipaje de mano. Además, la BEUC ha instado a que se investiguen las prácticas del sector a nivel comunitario.

Agustín Reyna, director general de la BEUC, expresó su preocupación afirmando que estas aerolíneas están aprovechándose de los pasajeros y desestimando una sentencia del tribunal más alto de la UE que determinó que es ilegal cobrar por equipaje de mano de dimensiones razonables. Esta denuncia cuenta con el respaldo de organizaciones de consumidores de 12 países, entre las que se encuentran Asufin y CECU, entre otras.

Reyna también enfatizó la necesidad de revisar la normativa sobre derechos de los pasajeros aéreos que actualmente se está renegociando dentro de la UE. Según él, muchos viajeros suponen erróneamente que al adquirir un billete básico tienen derecho a llevar un bulto pequeño y una pieza de equipaje de mano sin costo adicional.

La acción de la BEUC es respaldada por 16 organizaciones de 12 países y se dirige no solo contra Ryanair, Vueling y Volotea, sino también contra otras compañías como Easyjet, Norwegian Airlines, Transavia y Wizzair, llevando la denuncia tanto a la Comisión Europea como a la Red de Autoridades de Protección al Consumidor.

Es importante recordar que en una sentencia de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que las aerolíneas no pueden cobrar extra por el equipaje de mano, siempre que este cumpla con criterios razonables en relación a peso y dimensiones, además de los requisitos de seguridad establecidos.

En noviembre del año pasado, el Gobierno español impuso multas por un total de 179 millones de euros a varias de estas aerolíneas por la misma razón. Aunque dichas empresas han presentado apelaciones ante la Comisión Europea, que desde enero está investigando el caso y ha solicitado información detallada al Gobierno español, este ya ha enviado toda la documentación pertinente, que está siendo analizada por los servicios de la Comisión.