PALMA, 12 de marzo.

En un reciente fallo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha declarado inocente al exalcalde de Sant Antoni de Portmany, José Tur, del partido PSIB, en relación con un caso de presunta prevaricación administrativa. Tur fue acusado de bloquear la instalación de un chiringuito en Cala Gració en 2018, pero el tribunal ha determinado que no hay suficientes pruebas para sostener la acusación.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, también ha absuelto a Cristina María Ribas, quien ocupó el cargo de regidora de Urbanismo durante el mandato de Tur. Mientras que tanto la Fiscalía como la defensa abogaban por la exoneración de ambos, la acusación particular, que representaba a la empresa que se vio afectada, solicitaba una pena de inhabilitación.

El tribunal explicó que los elementos presentados durante el juicio, que se llevó a cabo a principios de febrero, no permitían desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados, concluyendo que no cometieron ningún delito de prevaricación.

La controversia se inició en febrero de 2017, cuando la empresa demandante presentó una solicitud ante la Demarcación de Costas para ocupar una parte del dominio público marítimo-terrestre en Cala Gració, con el objetivo de montar un chiringuito desmontable. Pasaron unos meses y tanto el Ayuntamiento de Sant Antoni como el Govern dieron su visto bueno a la autorización, que fue ratificada por la Junta de Gobierno en abril.

Sin embargo, en mayo de 2018, tras diversas quejas vecinales publicadas en medios locales, el departamento de Urbanismo del municipio emitió un decreto que advertía a la empresa que no podía comenzar las obras hasta obtener un certificado municipal de finalización. Esta medida se tomó con el propósito de investigar si la autorización se había gestionado adecuadamente y cumplía con los requisitos legales correspondientes.

Durante el juicio, la fiscal y la abogada de la defensa subrayaron que la decisión de paralizar la actividad se basó en informes que indicaban irregularidades en el proyecto del chiringuito y cuestionaban su conformidad con lo autorizado. Estos informes, elaborados por una arquitecta y una inspectora municipal, señalaron además que la calificación del suelo en Cala Gració era incorrecta, clasificado como urbano cuando en realidad debía ser considerado rústico protegido.

La parte demandante argumentó que dichos informes fueron realizados de manera intencionada tras la generación de alarma social y que sirvieron de justificación para detener la instalación del chiringuito. Según ellos, esto, junto a una manipulación de los procedimientos administrativos, evidenciaba que Tur y Ribas habían actuado bajo una "voluntad personal" y sin adherirse al marco legal establecido.