PALMA, 24 de septiembre. La macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa ha llegado a su fase decisiva, con la presentación del informe final del fiscal anticorrupción Juan Carrau, quien ha denunciado que los acusados llevaron a cabo no solo la ocultación, sino también la manipulación de información dirigida a potenciales compradores de diversas promociones en Mallorca.

Desde que el juicio comenzó en julio, más de 240 afectados han testificado, y ahora la atención se centra en la conclusión de las presentaciones y en la posibilidad de que los acusados ofrezcan sus últimas palabras, lo que está programado para este jueves.

En la audiencia de hoy, Carrau ha solicitado que se imponga una condena de 15 años y nueve meses de cárcel a Carlos García Roldán, considerado el principal responsable de la estafa, aunque su pena se ha reducido ligeramente debido a retrasos procesales. Para su socio, Michelle Pilato, se pide una pena de diez años, reconociendo su nivel de implicación en el esquema delictivo. Para el resto de los acusados, se ha considerado un estatus de cómplices, lo que ha permitido ajustes en las peticiones de condena.

El fiscal Carrau afirmó: “No solo se ocultó información, sino que también se falseó datos cruciales sobre la propiedad del terreno, la financiación, la publicidad de las promociones y las licencias necesarias para comenzar las obras.” Estas declaraciones resaltan la gravedad de las irregularidades cometidas por los implicados.

La sustentación del informe está respaldada por una amplia jurisprudencia y por la legislación vigente sobre edificación, que establece claramente las responsabilidades del promotor. “Está claro que se incumplieron las normas”, enfatizó Carrau, quien reiteró que García Roldán, apodado “el Charly”, no era el propietario de los terrenos, no cumplió con la divulgación adecuada, carecía de licencias y violó los lineamientos sobre cómo debían ser utilizados los fondos de los clientes, así como sobre la publicidad de las obras.

Según el fiscal, el dinero recibido por el presunto líder de la trama no se utilizó para la construcción de las promociones anunciadas. “Cero euros”, recalcó, refiriéndose a lo que dijo la administradora concursal en su testimonio, y subrayando que no se completó ninguna de las 32 promociones planeadas.

Además, Carrau se refirió a los “contratos criminales que aparentaban ser legales” y acusó a García Roldán de intentar “simular su insolvencia” desde un inicio, sugiriendo que hubo engaños tanto antes como después de que los interesados firmaran los contratos.

El acusado principal enfrenta también cargos de insolvencia punible y de blanqueo de capitales, pues se argumenta que desvió fondos al extranjero y buscó financiamiento no para saldar deudas, sino para financiar su posible fuga a Colombia.