El fiscal Tomás Herranz ha defendido la validez de su acusación en el caso Cursach en una respuesta a las cuestiones previas presentadas por las defensas de los seis acusados. Estas cuestiones se centraban en la nulidad de la instrucción y la suspensión del juicio, argumentando que la mayoría de las pruebas se extrajeron del espionaje a los periodistas del caso Móviles, declarado nulo por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El fiscal ha reiterado que las filtraciones mencionadas en su escrito "en absoluto vienen de los listados de llamadas nulos". Además, ha especificado que incluso algunas fuentes de prueba que pueden dar objeto a confundir su validez se basan realmente en las noticias de los periódicos publicadas, no en los listados de llamadas.

Las defensas de los seis acusados pidieron la nulidad del procedimiento y de toda la instrucción, justificando su reclamo en la sentencia que decretó nulo el rastreo del listado de llamadas y la incautación de los teléfonos a los periodistas. Los abogados también hicieron referencia a la vulneración de un abanico de derechos fundamentales, la ilegitimidad de las acusaciones particulares o la parcialidad de la instrucción judicial de la causa.

El fiscal Tomás Herranz presenta acusación contra los seis acusados y en su escrito, la Fiscalía también atribuye al magistrado y fiscal de la fase de instrucción del caso Cursach delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio. Por ello, solicita 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para el juez Manuel Penalva y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para el fiscal Miguel Ángel Subirán. Las penas de cárcel demandadas suman más de 600 años.

Las defensas de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas, por su parte, reclaman más de 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.

El Ministerio Fiscal también describe cómo los medios de comunicación divulgaron información de las investigaciones judiciales del caso Cursach, ORA e IME con informaciones "facilitadas por los acusados" estando la causa bajo secreto de sumario, y alude a la detención del ex político del PP Álvaro Gijón, su hermano y sus padres con la motivación de "presionar y ablandarlo". El Ministerio Fiscal solicita indemnizaciones para 15 detenidos a razón de 6.000 euros para cada uno por la privación de libertad y los daños morales.