Juicio del caso Multimedia comenzará el 15 de octubre de 2024 y durará cuatro semanas.
La Fiscalía ha solicitado penas que suman un total de 156 años de cárcel y el pago de 814.000 euros en el caso Multimedia. El juicio contra los 11 acusados comenzará el 15 de octubre de 2024 y durará cuatro semanas. Se han presentado varios delitos, entre ellos prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, malversación y falsedad en documento oficial, mercantil y público.
Entre los procesados se encuentra Antoni Manchado, exsenador del PSIB y consejero delegado de Sociedad Multimedia, así como Francisco Cano, exlíder socialista en Calvià, y Miquel Oliver, propietario de la productora audiovisual. Según el fiscal, la Sociedad Multimedia de Baleares se constituyó como sociedad mercantil pública en 2006 con capital suscrito y desembolsado íntegramente por la Comunidad.
Más adelante, se modificaron los estatutos de la empresa y se nombraron dos de los imputados en la causa consejeros del Consejo de Administración de Multimedia de Baleares. Durante el periodo comprendido entre febrero de 2008 y octubre de 2011, se concertaron una serie de contratos que, según el fiscal, iban en contra de los principios esenciales de la contratación, se excluyeron la participación de eventuales competidores o se beneficiaron amigos y personas cercanas al entorno de los dirigentes de Multimedia.
La Fiscalía ha anunciado que los hechos son constitutivos de delitos continuados de prevaricación, fraude a la administración, delitos continuados de malversación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial cometido por funcionario y falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de falsedad en documento público. La causa fue abierta en 2014 en base a una denuncia del Ministerio Público por presuntos delitos de malversación y fraude, entre otros, que se habrían cometido a través de la empresa dependiente de la Conselleria de Presidencia.
En cuanto a las penas solicitadas por el fiscal, cuatro acusados enfrentan 17 años de cárcel, 207.200 euros de multa e inhabilitación durante 32 años, tres de ellos enfrentan 12 años de cárcel, diez años de inhabilitación absoluta, otros cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas y 3.600 euros de multa. Para dos procesados, se solicitan 14 años de cárcel, diez de inhabilitación absoluta, cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y el pago de 203.600 euros. Además, para los dos últimos, se requiere una pena que sume 12 años de cárcel para cada uno, diez de inhabilitación absoluta, cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y 3.600 euros de multa. Como responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a la Comunidad Autónoma con un total de 814.314 euros.