En Madrid, el 22 de diciembre, se ha dado un nuevo paso en la investigación del 'caso hidrocarburos', un asunto que está generando un considerable interés público y político. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado para el próximo mes de enero a dos exasesores relacionados con ministerios clave. Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, quienes fueron jefes de gabinete de las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, comparecerán como testigos el 28 de enero.

La citación ha sido confirmada en una providencia a la que ha tenido acceso la prensa, y no se ha quedado ahí. El juez también ha reprogramado la declaración de Claudio Rivas, un empresario que está bajo la lupa de los investigadores como el presunto líder de la red involucrada, vinculada a la compañía Villafuel.

Además, se ha solicitado la comparecencia de Víctor de Aldama, quien es considerado un presunto 'conseguidor' de la trama, el 29 de enero. Un día después, están convocadas las empresarias Carmen Pano y su hija, Leonor González, quienes están en el centro de las especulaciones por un supuesto pago de 90,000 euros conocido públicamente.

El mismo día en que Díaz Bidart y Pons ofrecen su testimonio, el juez Pedraz también ha citado a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y a Manuel Salles, un administrador de empresa. Para el 30 de enero, Álvaro Gallego deberá explicar su posible vinculación con un retiro de efectivo de 108,500 euros, que ha levantado más de una ceja entre las autoridades.

Un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) sugiere que la red de hidrocarburos se habría infiltrado en varios ministerios durante la gestión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Este informe señala que la intervención de Aldama facilitó el acceso a decisiones administrativas que desembocaron en la autorización para que Villafuel operara en el mercado mayorista, a pesar de no cumplir con los requisitos legales necesarios.

Las acusaciones van más allá, ya que Aldama y Rivas son vistos como los cabecillas de una organización criminal que, según las investigaciones, se ha especializado en delitos fiscales en el sector de hidrocarburos. Se destaca que esta estructura operaba bajo el manto de diferentes empresas, permitiéndoles así llevar a cabo actividades fraudulentas de manera más efectiva.

Este escándalo no solo se limita a un grupo de individuos, sino que ha revelado un entramado complejo, donde se buscaba el blanqueo de capitales derivados de actividades ilícitas. Según el mismo informe, las operaciones delictivas se habrían iniciado en 2020, con la intención de que Villafuel obtuviese la licencia de operadora mediante influencias dentro del Ministerio de Transportes.

Los datos apuntan a que se habrían invertido hasta un millón de euros para obtener favores de funcionarios y empresarios vinculados al exministro Ábalos, lo que añade un nuevo episodio a una trama ya cargada de irregularidades.

Finalmente, la UCO ha delineado un esquema de fraude fiscal sofisticado, que comienza cuando una operadora de productos petrolíferos evade el pago del IVA, una acción que resulta altamente perjudicial para la Hacienda Pública. Esta manipulación ha evolucionado, mostrando que, a medida que la presión judicial aumenta, también lo hace la complejidad de las redes criminales que operan en este ámbito.