El conseller Antoni Costa ha anunciado la inminente implementación de un decreto que buscará introducir modificaciones significativas en la legislación sobre las zonas de riesgo, tras la reciente aprobación de la ley de simplificación administrativa en el Parlament de las Islas Baleares.

En el transcurso de esta sesión legislativa, celebrada el martes, se dio luz verde a la ley gracias a los votos favorables del Partido Popular (PP) y Vox. Sin embargo, esta decisión se llevó a cabo sin que se lograra un consenso respecto a la cuestión de la legalización de viviendas y la construcción en áreas propensas a inundaciones.

El texto que recibió el respaldo de los legisladores no incorporó la prohibición de edificar nuevas viviendas en zonas consideradas de riesgo, permitiendo además la legalización de viviendas que se encuentren en situación de desorden urbanístico, sin importar si están ubicadas en áreas inundables o no.

El debate en torno a esta ley estuvo plagado de tensiones e intercambio de acusaciones entre la oposición y el Govern. En este sentido, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, manifestó que el Govern ha realizado "grandes esfuerzos y múltiples concesiones", sin embargo, cargó las responsabilidades de la falta de acuerdo en el PSIB y, en particular, en su portavoz, Iago Negueruela, a quien acusó de haber impedido cualquier posible consenso.

La propuesta original del Ejecutivo contemplaba la prohibición de construir viviendas y otros equipamientos sensibles en zonas de riesgo, la eliminación de nuevos suelos urbanizables en estas áreas y la restricción sobre la legalización de viviendas en terrenos inundables, permitiendo únicamente obras y reformas que garanticen la seguridad.

Dado que no se llegó a un acuerdo, Costa ha podido informar que, una vez que la ley de simplificación sea publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), el Govern procederá con la aprobación de un decreto ley destinado a realizar estos cambios necesarios, que prometen "garantizar la seguridad de los ciudadanos".

Por el contrario, la diputada socialista Mercedes Garrido responsabilizó al PP y a Costa de la falta de acuerdo, argumentando que el partido en el poder intentó "romper la unidad de acción de la izquierda", sin éxito. Según Garrido, la propuesta del Govern podría catalogarse de "lo mismo, pero con otro nombre", enfatizando que no se trata de una legalización, sino de obras de seguridad que consolidarían las viviendas existentes.

En apoyo a esta visión, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, indicó que los grupos de la izquierda no aceptaron las transacciones propuestas porque no se amplía la exclusión de construir y legalizar en todas las áreas de riesgo. Consideró que, aunque se haya eliminado la palabra "legalización", se continúa "colando la amnistía".

Castells concluyó su intervención subrayando que la aprobación de una ley que permita la edificación en zonas inundables sería producto de una decisión del PP, que incluyó su contenido en un decreto anterior y careció de la valentía para revertirlo.

Los votos particulares presentados por el PP para salvar los artículos 24, 25 y 27, rechazados en la comisión, finalmente fueron aprobados, obteniendo el respaldo de 28 votos a favor, 24 en contra y seis abstenciones. Tales artículos buscaban modificaciones en leyes que tratan sobre medidas urgentes para la activación económica en áreas de industria y energía, así como en materia de cambio climático y proyectos industriales estratégicos.

Margalida Pocoví, diputada del PP, defendió estas modificaciones como un avance hacia la simplificación y agilización, orientadas a "facilitar el avance hacia la transición energética". Además, lanzó críticas hacia la oposición por su "postura contradictoria", manifestando que, mientras se presentan como defensores de la implantación de energías renovables, se oponen a medidas concretas que facilitarían esta transición.

En este contexto, los diputados del PSIB, junto a Marc Pons y Maria Ramon de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, justificaron su rechazo a los artículos al considerarlos retrocesos en la lucha contra el cambio climático. Marc Pons se mostró sorprendido ante la falta de comprensión de la oposición sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en la contaminación y el cambio climático, reprochando que dicha aprobación, con el respaldo de "tránsfugas", representa un "retroceso en memoria democrática".

Dentro de las diversas cuestiones abarcadas en la ley, Maria Ramon criticó la posibilidad de que los policías locales porten armas de fuego, argumentando que tal medida podría vulnerar la competencia y criterio de los alcaldes. Mientras tanto, la diputada de Vox, Patricia de las Heras, expresó su descontento por la desaprobación de enmiendas relativas a vivienda presentadas por su partido.

Además, defendió una enmienda de Vox que estipula que las infracciones en suelo rústico prescriban a los ocho años, argumentando que "el delito de asesinato prescribe a los 20 años, pero hacer una vivienda en una parcela de tu propiedad no prescribe nunca", lo que, a su juicio, resalta la necesidad de dar seguridad jurídica.

El diputado no adscrito, Xisco Cardona, también defendió su enmienda, que fue aceptada, y que propone flexibilizar o eximir del cumplimiento del artículo 63.2 de la Ley de Cambio Climático, que exige un porcentaje de vehículos eléctricos al cambiar flota, ya que considera que es "muy difícil de cumplir para las pymes".