La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como los presuntos líderes de una red criminal vinculada a la gestión de hidrocarburos que está siendo investigada por la Audiencia Nacional. Este análisis sugiere que la trama no sólo penetró en el Ministerio de Transportes, bajo la dirección de José Luis Ábalos, sino también en los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, así como de Transición Ecológica, que estaban bajo la responsabilidad de Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

Un informe, al que Europa Press ha tenido acceso, detalla que esta organización delictiva se especializó en la perpetración de fraudes fiscales en el sector de los hidrocarburos. La Guardia Civil indica que operaba bajo una compleja estructura empresarial liderada por Villafuel, además de otras sociedades vinculadas al rubro.

Además, el documento expone que la red criminal contaba con una segunda organización que facilitaba el blanqueo de fondos generados por actividades ilegales. Los investigadores del cuerpo de seguridad aseguran que Aldama y Rivas tenían el control total sobre las operaciones de esta red.

El informe menciona que hay suficientes indicios que sugieren que esta organización podría haber alcanzado niveles altos dentro de Ministerios clave, especialmente en Transportes y en los departamentos de Industria y Transición Ecológica. La infiltración se logró a través de Aldama, quien tenía conexiones con el entorno de Ábalos, buscando así influir en la autorización necesaria para que Villafuel pudiera operar en el mercado de hidrocarburos a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

La UCO rastrea el inicio de esta red delictiva hasta diciembre de 2020, cuando Aldama fue presuntamente instado por miembros de la organización a hacer uso de sus contactos para interceder entre los funcionarios del Ministerio de Transportes. El objetivo era obtener la licencia operativa para Villafuel en el sector, especialmente después de que Rivas se viera forzado a reorganizar su empresa por la detención de otros grupos criminales que competían en dicho ámbito.

El Instituto Armado subraya que la regulación del sector de hidrocarburos requiere la intervención de varios Ministerios, siendo fundamental el papel de Transición Ecológica al otorgar o denegar las licencias necesarias para operar. La UCO plantea que el traspaso de influencia que Aldama podría haber establecido con Ábalos tenía como finalidad agilizar el proceso administrativo relacionado con Villafuel.

Se destaca en el informe que Aldama ofreció sus contactos gubernamentales para apoyar a Rivas y otros socios en la obtención de estas licencias. Una conversación entre Aldama y Leonor González deja entrever que hubo un acuerdo implícito en el que se ofrecía una remuneración a cambio de acelerar los trámites necesarios.

El documento también menciona la influencia del jefe de gabinete de la Ministra de Industria, quien, según la UCO, podría haber sido un intermediario clave entre la organización criminal y el gobierno. La Guardia Civil recoge una comunicación a través de WhatsApp que revela la confusión sobre las jurisdicciones ministeriales pertinentes, lo que sugiere una planificación meticulosa por parte de la red criminal.

Las gestiones para establecer vínculos con las autoridades también se evidencian en una reunión que se llevó a cabo en un restaurante madrileño, donde se encontraban los implicados en la trama. Posteriormente, Aldama recibiría confirmaciones de que las gestiones realizadas fueron exitosas, lo que a su vez le permitió actuar con la certeza de que se estaban vulnerando los requisitos legales exigidos para operar en el sector.

Por último, la UCO destaca que los intentos de la red por superar las exigencias legales, especialmente en cuanto a la acreditación de capital, fueron evidentes durante el proceso, lo que generó inquietudes en torno a la gestión de los trámites y las reuniones entre los actores involucrados en esta operación ilegal. El caso continúa en desarrollo mientras la Guardia Civil prosigue con sus investigaciones.