El partido MÉS per Mallorca ha decidido retirar su respaldo al proyecto de ley de macrogranjas debido a la inclusión de enmiendas sugeridas por Vox, lo que ha provocado un cambio significativo en su postura inicial.

Vox ha estado defendiendo que el sector primario debería recibir una parte del sector turístico, lo cual incluye la legalización de actividades ecuestres, como la práctica del polo, en la isla.

El Partido Popular ha salido en defensa de la normativa, argumentando que es necesaria y criticando a la oposición por permitir la inclusión de los cambios propuestos por Vox.

El pasado 10 de junio en Palma, el Parlament aprobó el controvertido proyecto de ley que impide las explotaciones avícolas superiores a 160.000 gallinas, incluyendo enmiendas de Vox que eliminan la obligación del conocimiento del catalán en el sector sanitario público y que facilitan la creación de campos de polo en localidades como Campos.

El texto, que había sido aprobado como decreto ley en enero, finalmente fue respaldado por el voto del PP, de diputados no vinculados y de Llorenç Córdoba, mientras que Vox optó por la abstención y la izquierda se manifestó en contra.

Inicialmente, este texto había sido consensuado entre el Govern y MÉS per Mallorca, pero la llegada de las enmiendas impulsadas por Vox llevó a los ecosoberanistas a cambiar de opinión.

La ley establece que las macrogranjas con más de 160.000 gallinas ponedoras deben situarse a una distancia mínima de seis kilómetros de áreas residenciales, con diferentes límites según su proximidad a los núcleos urbanos. Por ejemplo, las granjas de entre 20.000 y 40.000 gallinas deben estar al menos a dos kilómetros de distancia.

La necesidad de regular estas grandes explotaciones emergió tras el proyecto de una macrogranja avícola que planeaba ubicar 750.000 gallinas demasiado cerca de la localidad de Sineu, lo que llevó al Govern a frenar el proyecto y elaborar esta normativa en el contexto de un debate parlamentario polarizado.

El proyecto incluye también enmiendas que abordan aspectos presupuestarios, pero muchas de ellas han sido desestimadas. Las modificaciones impulsadas por Vox incluyen una exención del requisito del conocimiento del catalán para los profesionales de la sanidad pública, lo que generó controversia. Los trabajadores no sanitarios aún deberán cumplir con este requisito, aunque con condiciones especiales.

Además, se ha introducido una revisión a la ley agraria que permitirá la integración de actividades relacionadas con los caballos dentro de las explotaciones agrarias, facilitando la legalización de instalaciones dedicadas al polo.

Por otro lado, las iniciativas propuestas por la izquierda no lograron avanzar, incluyendo la extensión de la regulación a otras explotaciones ganaderas y la necesidad de establecer criterios claros para las dimensiones consideradas industriales.

Joan Simonet, conseller de Agricultura, fue el encargado de defender el proyecto, el cual califica de “sencillo” y necesario, en respuesta al creciente interés sobre esta cuestión en el ámbito legislativo. Se asegura que la normativa ha sido elaborada tras escuchar las necesidades de los afectados y estudios previos.

El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, enfatizó la importancia de las explotaciones intensivas para garantizar productos locales a precios asequibles, y subrayó que las enmiendas tienen como objetivo brindar seguridad jurídica en la legislación actual.

Desde MÉS per Mallorca, Ferran Rosa expresó su descontento, acusando al PP de romper compromisos y señalando que su motivación para apoyar las enmiendas se relaciona con intereses personales en el campo de polo en Campos.

Por su parte, el diputado socialista Marc Pons defendió un modelo agrícola sostenible y expresó su preocupación de que la normativa no prohíbe otras macrogranjas, resaltando la falta de condiciones ambientales y el impacto que estas podrían generar.

Finalmente, Pedro Álvarez del PP recordó el trasfondo del proyecto de Sineu y destacó que la nueva normativa busca llenar vacíos legales previos y proteger tanto el sector primario como el medio ambiente, cumpliendo con su compromiso hacia la soberanía alimentaria.

En conclusión, si algunas de las enmiendas de Vox lograron ser incluidas en la normativa, ha sido gracias al apoyo que la oposición brindó durante la tramitación del decreto.