El colectivo Stop Desahucios en Mallorca llevó a cabo una manifestación este lunes con el objetivo de frenar el desalojo de dos personas que residen en trasteros situados en la calle Joan Miró. Esta situación se genera en el contexto de un agente de policía local en Palma que ha sido sancionado por el Govern por alquilar estas propiedades en condiciones ilegales.

Según la información aportada por Stop Desahucios, los inquilinos fueron notificados del desalojo la semana pasada. Este procedimiento judicial se basa en el incumplimiento de pago del alquiler, que el policía cobraba de forma informal. Cabe destacar que el propietario cuenta con una orden de alejamiento del edificio donde se encuentran esos trasteros.

Joan Segura, portavoz de la organización, informó que una de las personas afectadas descubrió hoy mismo la fecha del lanzamiento tras una conversación con su abogado de oficio, lo que ha generado una gran preocupación entre los involucrados.

Además, se encuentra en marcha un proceso de negociación con la comitiva judicial para intentar detener el desalojo. Segura enfatizó que los afectados son individuos mayores y con problemas de salud, uno de ellos acaba de pasar por una cirugía y se halla aún en recuperación.

En términos económicos, uno de los inquilinos recibe el ingreso mínimo vital, mientras que el otro se encuentra sin recursos debido a su estado postoperatorio, lo que agrava aún más su situación.

Por el momento, no hay presencia policial en el área para llevar a cabo el desalojo, lo que llevó a Segura a solicitar la suspensión definitiva de estos procedimientos. Además, propuso al Govern la posibilidad de expropiar las propiedades como forma de saldar las multas impuestas al propietario. Hizo alusión a un caso anterior en que se tomó una decisión similar en las Torres del Temple.

Segura también mencionó que en julio se prevé otro desalojo, así como un juicio y otros procedimientos que parecen aún no tener fecha definida. Sin embargo, reconoció que existe incertidumbre respecto a la magnitud de estas acciones adicionales.

Cabe recordar que el agente de policía involucrado en este asunto ha recibido una multa de dos millones de euros por arrendar 68 trasteros en condiciones de infravivienda, y ha sido detenido por esta actividad ilegal.