PALMA, 2 de octubre.

La controversia en torno al agente de la Policía Local de Palma, implicado en un trágico atropello que dejó un saldo fatal en junio de 2022, se intensifica a medida que se acerca el juicio. Pese a las negociaciones, las partes involucradas no lograron un acuerdo y el caso se llevará ante un tribunal.

En la reciente audiencia preliminar, celebrada este jueves por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, las discrepancias entre la Fiscalía y la acusación particular quedaron en evidencia. La Fiscalía propone una sanción económica, mientras que la parte que representa a los familiares del fallecido exige una condena de cuatro años de prisión.

El magistrado deberá determinar la fecha del juicio oral, en el que se prevé que comparezcan varios testigos, incluyendo polis locales, guardias civiles y médicos forenses. Los familiares del difunto también participarán, aunque de manera telemática.

Los acontecimientos que desencadenaron la tragedia ocurrieron a las 00:35 del 2 de junio de 2022, según consta en el informe del fiscal.

El agente, al volante de un vehículo policial y persiguiendo a un conductor sospechoso de un delito de malos tratos, circulaba con las luces de emergencia encendidas. Sin embargo, al llegar a la intersección entre la calle Consolat y el paseo Sagrera, perdió el control por exceder la velocidad permitida y por descuido, ignorando que la vía finalizaba.

A pesar de intentar frenar y desviar su curso, colisionó contra un bordillo, invadiendo así la zona destinada a los peatones y atropellando a tres transeúntes, según el relato que ofrece el Ministerio Público.

El trágico impacto resultó en la muerte de una de las víctimas, un hombre de 36 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Los familiares sobrevivientes son sus padres y un hermano.

Los otros dos heridos, una mujer de 35 años y un hombre de 25, sufrieron lesiones graves que requirieron atención médica significativa.

La Fiscalía ha pedido que el acusado sea multado con aproximadamente 6.500 euros por el delito de homicidio imprudente menos grave, así como por dos delitos de lesiones imprudentes. Además, solicita que el agente pague casi 81.500 euros a la familia del fallecido, 21.578 euros a uno de los heridos y poco más de 8.100 euros al otro.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la familia de la víctima, exige una sentencia de cuatro años de prisión por homicidio imprudente en contra del agente de policía.