En un giro que pone de manifiesto la tensión existente entre la izquierda y la derecha en el ámbito político local, el PSOE de Palma ha manifestado su rechazo a la nueva ordenanza cívica que fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento. Según los socialistas, este texto legal no solo "persigue" a los ciudadanos, sino que también atenta contra derechos fundamentales que, teóricamente, deberían ser protegidos por cualquier administración responsable.

El portavoz del Partido Socialista en el Consistorio, Xisco Ducrós, ha expresado su preocupación, considerando que la nueva ordenanza "nace de la imposición" del alcalde Jaime Martínez. En sus declaraciones, Ducrós ha calificado esta normativa como "restrictiva y punitiva más que propositiva", lo que ha hecho sonar la alarma entre diversos sectores de la ciudadanía.

Según un comunicado oficial del PSOE, el portavoz advirtió que la nueva regulación prohibirá "casi todo", argumentando que esta iniciativa representa un "retroceso democrático" y una clara violación de los derechos fundamentales de la población. Argumentos que están siendo escuchados con atención por aquellos que defienden la libertad individual y el bienestar social.

Como respuesta a lo que consideran un ataque a las libertades civiles, los socialistas han decidido presentar varias mociones que buscarán debatirse en el próximo pleno. Dichas mociones se centran en identificar y proponer mejoras a los aspectos que consideran negativos del texto de la ordenanza. Además, han preparado 16 enmiendas que tienen la intención de ser incorporadas en el cuerpo de la nueva normativa.

En una crítica contundente, Ducrós ha señalado que estamos ante "una ordenanza de persecución" que no promueve el civismo ni la convivencia pacífica. En su discurso, mencionó que la normativa vulnera derechos básicos como el acceso a una vivienda, el derecho de los niños a jugar en los parques, así como afecta la capacidad de la ciudadanía para denunciar actos de vandalismo. A su juicio, se comete una falta de respeto hacia quienes padecieron la represión durante el franquismo y se desincentiva la participación ciudadana al obligar a los vecinos a delatarse entre sí.

La regidora socialista Angélica Pastor también se ha pronunciado al respecto, resaltando que las enmiendas que su partido presentará al pleno no son otra cosa que una respuesta a lo que consideran un intento de restringir derechos y fomentar desigualdades en la sociedad. Insisten en que el PSOE aboga por un "modelo alternativo" que busque "garantizar" los derechos de todos los ciudadanos.

Entre las propuestas de los socialistas se incluyen acciones para mitigar la crisis de vivienda en Palma. Proponen, además, que la administración deje de "perseguir" a las personas sin hogar, quienes a menudo deben recurrir a vivir en caravanas. El enfoque de los socialistas es uno que respeta y promueve la dignidad humana, en vez de criminalizar situaciones sociales complejas.

Por otro lado, el PSOE critica que la ordenanza imponga a la ciudadanía la obligación de informar a la policía sobre posibles infracciones. Esto, según ellos, representa una carga injusta al obligar a los ciudadanos a convertirse en "vigilantes" de la conducta de sus vecinos, una dinámica que podría cultivar un ambiente de desconfianza social.

En términos de libertad de expresión, advierten que la nueva normativa fomenta la invisibilidad de las pintadas vandalicas para minimizar su exposición pública, lo cual consideran que equivale a un acto de censura. Esta postura ha sido ampliamente criticada ya que, desde su perspectiva, limita la posibilidad de denuncia y visibilización de los problemas que aquejan al espacio público.

Otro de los puntos controvertidos en la nueva ordenanza es la normativa que obliga a las asociaciones a asumir costos derivados de los actos que organizan en el espacio público. Según los socialistas, esto es "injusto y desproporcionado" y piden un enfoque más equitativo que no penalice la participación ciudadana en actividades colectivas.

Además, han propuesto la creación de un plan que garantice el derecho al juego en espacios públicos, abogando por una Palma que sea "jugable" y que promueva la convivencia entre generaciones. Este tipo de iniciativas, según los socialistas, fomentarían un entorno más saludable y armonioso para todos los habitantes de la ciudad.

Finalmente, han expresado su descontento por la falta de atención en la ordenanza a la memoria de las víctimas del franquismo. Por tal motivo, instan a que se incorporen medidas que promuevan la convivencia y el respeto a los valores democráticos, entendiendo que un verdadero progreso social implica reconocer y honrar la historia.

En resumen, las enmiendas presentadas por el PSOE buscan defender derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna, la libertad de jugar en la infancia y la importancia de la cultura y el espacio público. Asimismo, proponen la eliminación de sanciones desproporcionadas y exigen un enfoque más humano y cívico en la regulación de la convivencia en Palma.