PALMA, 30 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado la condena de 14 años y seis meses de prisión a un individuo que fue hallado culpable de drogar y abusar sexualmente de un menor de edad, un delito que se perpetró de manera casi diaria durante un periodo de cerca de cuatro años en la localidad de Inca, Mallorca.

El tribunal ha desestimado la apelación presentada por la defensa del acusado en contra de la sentencia emitida en julio por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, ratificando así los hechos establecidos en la anterior resolución judicial.

Además, el TSJIB ha decidido que las costas de este procedimiento serán asumidas de oficio. Aunque la resolución puede ser apelada ante el Tribunal Supremo, la situación legal del condenado sigue siendo crítica tras esta confirmación del tribunal balear.

Por su parte, la defensa del hombre señalado argumentó la existencia de contradicciones en el relato del menor, así como la falta de evidencias físicas que corroboraran las agresiones, pidiendo la aplicación del principio de duda a favor del reo y solicitando la absolución completa de su cliente.

Sin embargo, la Audiencia había considerado que existían pruebas suficientes, corroboradas ahora por el TSJIB, que demuestran que entre 2018, cuando el menor contaba con 11 años, y 2022, ya con 15, el acusado forjó una relación de confianza con la víctima, acercándose a ella al ir a su casa o cuidándola mientras su madre trabajaba.

Durante los primeros tres años, el condenado coexistió con el menor, su hermano y su madre en el mismo hogar y aprovechó esas circunstancias para llevar a cabo los abusos. Según las pruebas, los ataques incluían tocamientos y violaciones, siendo el niño incapaz de defenderse debido a que el agresor le daba morfina mezclada en un vaso de leche antes de que se fuera a dormir.

Este proceso de abuso se repetía prácticamente todos los días, con un mínimo de cuatro ocasiones semanales, y se acompañaba de agresiones físicas, donde el acusado golpeaba al menor, lo sujetaba con esposas y usaba la amenaza de violencia para silenciarlo.

Las agresiones no solo ocurrían en el hogar del menor, sino también en la residencia del agresor, adonde la víctima fue llevada durante la pandemia de COVID-19, antes de ser trasladado a un centro de protección de menores. Las secuelas de estos abusos se han traducido en un grave estado emocional para el niño, quien presenta serios problemas de autoestima y pensamientos autolíticos.