PALMA, 2 de octubre.

Un técnico del Consell de Formentera ha denunciado que el decreto aprobado en diciembre de 2009 para redefinir un conjunto de Bienes de Interés Cultural (BIC) en Sant Ferran fue una maniobra para eludir el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Esta sentencia ordenaba la demolición de ciertos locales comerciales construidos en 2005 que habían sido incluidos dentro del área sujeta a protección.

La declaración se dio durante la sesión del juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial, donde enfrentan cargos el ex presidente del Consell, Jaume Ferrer, y el ex conseller de Promoción Económica y Territorio, Bartomeu Escandell, junto a otros representantes de la institución insular.

El juicio comenzó el pasado martes y se continuó este jueves con testimonios de diversos técnicos de la administración insular, tras la decisión de las partes de prescindir de varios testigos, incluido el ex ministro de Fomento, José Blanco. Se prevé que el juicio finalice el próximo lunes con las declaraciones de los acusados y las conclusiones de las partes implicadas.

En relación al BIC de Sant Ferran y los locales que fueron demolidos en 2012, el técnico aclaró que el terreno afectado no fue incluido en el conjunto delineado por el decreto insular, ya que no cumplía los criterios necesarios para estar en el área de protección.

Se mencionó que la delimitación original del BIC, establecida en 1996, fue realizada de manera puramente geométrica, estableciendo un radio de 250 metros alrededor de la iglesia de Sant Ferran.

Ante preguntas de la defensa, representada por los abogados Fernando Mateas y Ascensión Joaniquet, el técnico recordó que los acusados no formaban parte del equipo gubernamental que otorgó las licencias para los locales, ya que pertenecían a un grupo político diferente.

Ferrer, Escandell y otros coacusados enfrentan cargos de desobediencia, ya que, según la Fiscalía, ignoraron una orden judicial que dictaba la demolición de construcciones comerciales en las cercanías de la iglesia de Sant Ferran, aprobando un decreto para redefinir el área BIC.

El Ministerio Público sostiene que los acusados desoyeron la resolución judicial y realizaron "todas las gestiones posibles" para evitar la demolición, redelimitando las áreas previamente designadas como BIC en 1996. Están acusados de desobediencia y se enfrentan a una multa de 5.400 euros. Además, la fiscalía ha mencionado que hay una serie de recursos relacionados con la sentencia del TSJIB en este caso.

Por otro lado, un empresario les acusa de haber favorecido a allegados en la construcción de una rotonda en la carretera de Sant Ferran.