En una reciente declaración, Francina Armengol, líder del PSIB, criticó duramente la postura del Gobierno respecto a la vivienda, acusándolo de ver este derecho fundamental como un mero bien especulativo, beneficiando solo a unos pocos privilegiados que ya son propietarios.

Armengol hizo estas declaraciones durante un encuentro titulado “La vivienda como un derecho irrenunciable”, organizado por su partido, donde se recopilaban ideas y propuestas relacionadas con la vivienda para el 15º congreso del PSIB que se llevará a cabo la próxima semana.

Según la secretaria general, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en el principal desafío del archipiélago, subrayando que una gran parte de la población carece de los recursos económicos necesarios para alquilar o adquirir una buena vivienda.

Describió la angustiante situación de muchas personas que se ven forzadas a vivir en condiciones precarias, ya sea en campamentos, chabolas o caravanas. Mencionó también los casos de parejas que, tras una separación, deben continuar cohabitando en el mismo hogar o recurrir al alquiler de habitaciones.

Armengol aboga por que la vivienda debe ser reconocida como un derecho fundamental y propone que se integre como el “quinto pilar” del Estado del Bienestar. Argumentó que las propuestas del PSIB son “serias” y efectivas, señalando que cuando tienen la oportunidad de gobernar, cumplen lo que prometen.

Entre sus logros, destacó las iniciativas de la Ley Balear de Vivienda, el incremento de ayudas al alquiler y el desarrollo de vivienda pública, haciendo hincapié en que sin un parque público de vivienda equivalente al 30% en Baleares no se podrá garantizar el acceso a una vivienda digna para los ciudadanos del archipiélago.

Otra de las propuestas planteadas fue la implementación de un tope en los precios de los alquileres, incluido en la Ley estatal de Vivienda, y criticó la falta de su aplicación en las Islas Baleares, comparándolo con Cataluña donde, según Armengol, ha contribuido a una reducción del 6,8% en los costos.

En el encuentro, moderado por la diputada Mercedes Garrido, participaron varios expertos, incluida la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien destacó la conexión entre el turismo y la escasez de vivienda, catalogándolo como un “vector de desigualdad”.

Sánchez argumentó que, como socialistas, es imperativo que se intervenga en el mercado inmobiliario y se implementen mecanismos para mitigar la crisis de la vivienda. Identificó la “libre circulación de personas y capitales” como un factor que inflaciona los precios, permitiendo que forasteros compren propiedades que los locales no pueden costear.

A pesar de ello, también reconoció la existencia de un “alto nivel” de falta de suelo y de nuevas construcciones como consecuencia del aumento poblacional en la región. Sugirió que la Administración destine el 25% de los ingresos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la compra de vivienda, subrayando que la crisis habitacional es “una externalidad negativa” del sistema económico vigente.

Por su parte, Denis Itxaso, consejero de Vivienda en el País Vasco, destacó la creciente demanda habitacional en su región, donde se observa un incremento de personas viviendo solas. Agregó que la llegada de trabajadores migrantes ha aumentado la necesidad de viviendas aún más.

Itxaso también propuso que se implementen medidas más intervencionistas tanto en la oferta como en la demanda de viviendas, sugiriendo que la crisis habitacional ya no solo afecta a las clases trabajadoras, sino que también ha comenzado a impactar a la clase media.

Defendió la creación de “zonas tensionadas” en varios municipios del País Vasco, argumentando que estas pueden ayudar a las administraciones a “ganar tiempo” hasta que se puedan ofrecer más viviendas en el mercado.

Asimismo, se mostró favorable a prohibir el alquiler turístico en áreas tensionadas, señalando que es “incoherente” que estas propiedades se excluyan del mercado habitacional tradicional.

Para cerrar la mesa de debate, Laia Bonet, teniente de alcalde de Barcelona, instó a que se deben considerar no solo lo que las administraciones pueden hacer, sino lo que realmente deben hacer. Llamó irresponsable al PP por no buscar soluciones efectivas a la crisis de vivienda y citó la disminución del 6% en los precios de alquiler en Barcelona tras la declaración de zonas tensionadas.

La regidora también mencionó que, pese a ser una ciudad en crecimiento tanto poblacional como económicamente, el espacio disponible para construir se ha vuelto limitado, con la mayoría de la ciudad ya desarrollada. Indicó que su administración espera duplicar la construcción de viviendas en su mandato, pasando de 500 a 1.000 unidades anuales, y anticipó que dispondrán de terreno para levantar otras 10.000 viviendas en el futuro.

Bonet resaltó la importancia de los acuerdos alcanzados con el Gobierno central y la Generalitat, que garantizarán una financiación del 16% de las viviendas construidas en terrenos públicos.