PALMA 6 de octubre.

Este lunes, el Govern ha llevado a cabo un importante paso judicial al presentar ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) la primera petición de medida cautelarísima para detener la aplicación del Real Decreto 743/2025, datado el 26 de agosto. Este decreto establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela para los menores migrantes no acompañados.

Según lo indicado por la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, la implementación de esta medida significaría una suspensión inmediata de los traslados de menores hacia Baleares que se deriven de dicha normativa.

El Govern afirma que el Real Decreto adolece de una "nulidad manifiesta de pleno derecho", argumentando que fue aprobado sin el necesario dictamen del Consejo de Estado, lo cual es obligatorio para las normas reglamentarias que establecen derechos y obligaciones de nueva creación.

Para el Ejecutivo balear, esto representa una clara "infracción" del marco jurídico vigente y "vulnera" el principio de legalidad que estipula la Constitución.

Adicionalmente, desde la Conselleria han manifestado que la situación del sistema de acogida de menores no acompañados en Baleares es "extremadamente crítica". Afirman que hay solo 76 plazas ordinarias, mientras que actualmente se acogen más de 700 menores, lo que resulta en una saturación del 1.000 por ciento. Es importante señalar que el decreto asigna a Baleares una capacidad de 406 menores no acompañados.

También han advertido que no suspender los traslados causaría "un perjuicio irreversible" y que cualquier resolución futura del contencioso administrativo se vería comprometida. Según han argumentado, los menores serían reubicados en un sistema "ya saturado", lo que degradaría la atención y vulneraría el principio del interés superior del menor, tal como estipulan las normativas locales e internacionales.

El Gobierno de Baleares justifica su solicitud en la "urgencia y el interés público", señalando que los traslados podrían llevarse a cabo de forma inminente, por lo que es "imprescindible" evitar que los menores sean llevados a un sistema "ya sobrecargado". En este contexto, el Gobierno ha declarado Baleares en estado de emergencia migratoria.

Esta es la primera solicitud de suspensión cautelar presentada por el Govern liderado por Marga Prohens. En caso de que el Tribunal Supremo niegue esta petición, el Ejecutivo ha advertido que presentará una nueva alegación.