PALMA, 25 de agosto. La consellera encargada de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en el Govern balear, Sandra Fernández, ha comunicado este lunes su inquietud a la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitando que se detenga el ingreso de 49 menores migrantes no acompañados que se prevé lleguen al archipiélago desde Canarias.

En su carta, Fernández enfatiza que los consells insulares ya están atendiendo a 682 menores migrantes no acompañados, lo que resulta en una sobreocupación del 1.000 %, un hecho que incide negativamente en la calidad del servicio que reciben estos jóvenes.

Según la Conselleria, dicha situación ha puesto a prueba al sistema de protección infantil de las Baleares, obligando a las autoridades a multiplicar los recursos disponibles, tanto humanos como financieros y residenciales. “Hemos llegado a un punto crítico”, señala la consellera en el texto, manifestando su preocupación por el impacto que esto tiene sobre el bienestar de los menores.

Además, la consellera recordó a la ministra que, según datos del propio Ministerio, en marzo las Baleares tenían 226 menores adicionales a los que les corresponden. Y la llegada constante de estos niños y adolescentes a las costas de la comunidad sigue siendo una realidad ineludible.

Fernández subraya que la "decisión unilateral" del Gobierno de enviar a 49 nuevos menores a las Baleares, sin tener en cuenta la sobreocupación actual y careciendo de una adecuada financiación, representa una amenaza seria para la viabilidad del sistema de protección de menores. Según ella, esto “pondría en peligro otros servicios sociales esenciales” que ya están en una situación límite.

Asimismo, la consellera reiteró a Rego los recursos judiciales que ha presentado el Govern en contra de esta gestión del reparto de menores, argumentando que el procedimiento actual atenta contra la legalidad, el consenso y el principio de igualdad territorial. Fernández subraya que este proceso parece seguir criterios poco claros y que no toma en consideración la voz de las comunidades autónomas, prometiendo que agotarán todas las vías legales pertinentes para salvaguardar los derechos de los menores.

A pesar de la disposición de la comunidad balear de seguir actuando con solidaridad, la consellera dejó claro que no podrán aceptar más derivaciones de menores no acompañados bajo las condiciones actuales, enfatizando que esto no debe comprometer el bienestar de los pequeños ya atendidos ni desbordar un sistema que ha llegado a su límite.

Por otro lado, la presidenta del Govern, Marga Prohens, reveló la semana pasada su intención de presentar dos nuevos recursos judiciales con respecto al reparto de menores migrantes de Canarias. Estos se añadirán al que ya fue presentado en marzo ante el Tribunal Constitucional.

En particular, uno de los nuevos recursos se dirigirá al Tribunal Supremo, cuestionando el real decreto del 22 de julio que establece el proceso de derivación, mientras que el segundo buscará impugnar el próximo decreto que se prevé aprobar por el Consejo de Ministros para detallar las capacidades de acogida en cada comunidad autónoma.

Respecto a este último decreto, Prohens indicó que la Abogacía de Baleares solicitaría la suspensión cautelar del reparto, que podría comenzar este jueves. A pesar de las críticas recibidas, tanto por parte de Rego como del Gobierno de Canarias, el portavoz del Govern, Antoni Costa, aclaró que su objetivo se limita a frenar la llegada de los 49 menores a Baleares, no el de aquellos que podrían ser enviados a otras partes de España.