En un reciente informe de idealista, Palma ha sido identificada como la capital española donde las familias deben realizar mayores sacrificios económicos para acceder a una vivienda. Con un asombroso 48% de sus ingresos destinados al alquiler y un 47% a la compra, la ciudad balear supera notablemente el umbral del 30% que los expertos consideran sostenible. Esta situación refleja un preocupante aumento que debería encender las alarmas entre los responsables de la política habitacional.

Además de estar en la cima de esta alarmante lista, Palma también se encuentra entre las ciudades que han experimentado un crecimiento notable en el esfuerzo financiero requerido para acceder a la vivienda. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas adoptadas por las autoridades locales para abordar esta crisis.

En términos provinciales, Baleares se destaca como una de las áreas con el mayor esfuerzo necesario para alquilar, alcanzando un 52%, mientras que para la compra, el porcentaje asciende a un 46%. Estas cifras son un claro indicativo de una crisis habitacional que no solo afecta a las grandes urbes sino que también repercute en el contexto provincial, lo que complica aún más la situación para las familias locales.

A nivel nacional, los datos son igualmente alarmantes: el porcentaje de ingresos que las familias deben destinar para poder comprar una vivienda ha aumentado al 23%, mientras que en el caso del alquiler, esta cifra se eleva al 35%. Este aumento, que se ha registrado en el último año, pone de manifiesto la magnitud del problema y sugiere que las políticas implementadas hasta ahora han sido insuficientes para mitigar el impacto de la crisis del acceso a la vivienda.

Los especialistas señalan que la principal causa detrás de este aumento en el esfuerzo económico es la escasez de oferta inmobiliaria combinada con un significativo incremento de los precios. En este sentido, se ha evidenciado un aumento de dos puntos en el esfuerzo requerido para la compra y de cuatro puntos para el alquiler en tan solo un año. Este hecho no solo afecta la calidad de vida de las familias, sino que también plantea serias cuestiones sobre la sostenibilidad futura del mercado de la vivienda en España.