Vox ha dado un paso firme en el Parlament al rechazar una enmienda presentada por el Partido Popular, que buscaba establecer un rechazo más contundente al reparto de menores migrantes provenientes de otras comunidades autónomas. Esta decisión se produjo en una sesión plenaria donde, con el respaldo del PP, se aprobó una propuesta de Vox que aboga por la repatriación de estos menores a sus países de origen, reafirmando la necesidad de cuidar primero a los ciudadanos españoles.

Durante su intervención, Manuela Cañadas, portavoz de Vox, enfatizó la importancia de proporcionar "misericordia y amparo a los de aquí", advirtiendo sobre los peligros que conlleva la migración descontrolada, que según ella puede facilitar la entrada de elementos indeseables en la sociedad. Cañadas denunció que muchas de estas criaturas están separadas de sus familias, a pesar de que han conseguido establecer contacto nada más llegar al archipiélago balear.

La dirigente de Vox no dudó en señalar que las instituciones están, en su opinión, "manteniendo secuestrados" a estos menores, y sugirió que se debería investigar este asunto a fondo, aunque alegó que la situación actual se debe a la influencia de políticas globalistas como la famosa Agenda 2030, que, según su criterio, ha desviado la atención de la protección de los intereses nacionales.

Cañadas extendió sus críticas hacia los centros de acogida, que describió como "guetos" donde se reportan incidentes de violencia, drogas y abusos. Para ella, la actual política de distribución entre comunidades no aborda lo que realmente importa: la protección y el bienestar de estos menores, así como la protección de los ciudadanos españoles, que no deben cargar con responsabilidades estatales que no son suyas.

Además, Vox defendió la urgente necesidad de implementar una política de retorno para los menores migrantes. Cañadas lamentó la contradicción de que haya recursos limitados para las pensiones de los ciudadanos, mientras se encuentra financiación para asistir a inmigrantes ilegales. "Llegará el momento en que aquellos que promueven y financian esta invasión rendirán cuentas ante la justicia y, peor aún, ante un pueblo que ha llegado al límite de su paciencia", concluyó.

Desde el Partido Popular, Pedro Álvarez validó la propuesta de Vox como coherente con la normativa vigente y centrada en el interés superior de los menores. Resaltó que los lazos familiares son fundamentales para la protección y estabilidad de los niños, y enfatizó que cualquier acogida debe ser administrada inicialmente por los servicios sociales de sus países de origen, advirtiendo que sólo en situaciones extremas debería considerarse su tutela en el extranjero.

El PP había intentado incluir en la enmienda un llamado al Govern para que explorara todos los recursos legales posibles para evitar la llegada de menores migrantes de otras comunidades. A pesar del fracaso en este punto, Vox mantuvo su apoyo hacia el núcleo de la iniciativa.

Cañadas rechazó también las comparaciones entre los menores migrantes africanos y los niños ucranianos, desestimando la idea de que los primeros provienen de zonas de conflicto. Asimismo, desde el PSIB, Teresa Suárez criticó duramente la postura de Vox, calificando su enfoque como cínico y comparando a los menores con "paquetes que se devuelven al remitente". Afirmó que la llegada de 700 menores no debería ser un problema para las Baleares, recordando que el país supo acoger a 75.000 personas tras la llegada de la crisis en Ucrania.

Marta Carrió, del grupo MÉS per Mallorca, alarmó sobre la retórica de miedo que promueve Vox, que podría traducirse en un clima de intolerancia, sugiriendo que se intenta generar una percepción de competencia entre seres humanos en lugar de solidaridad.

Desde Unidas Podemos, el diputado José María García expresó su desaprobación hacia la postura de Vox, señalando una falta de empatía y compasión. En su turno de respuesta, Cañadas reiteró su firme postura: “Primero misericordia para los de aquí y, si sobra, para los de fuera”, insistiendo en que todos los menores migrantes deben reunirse con sus familias y que los que cruzan las fronteras sin autorización deben ser devueltos a sus países de origen.

Finalmente, Cañadas desestimó las acusaciones de racismo, asegurando que "los derechos deben ser prioritarios para los ciudadanos españoles", reforzando su mensaje de que la protección de los ciudadanos nacionales debe ser la prioridad en la política migratoria.