MENORCA, 25 de agosto.

En un reciente operativo, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Baleares ha tomado medidas enérgicas contra ocho restaurantes en Menorca que han infringido las leyes relacionadas con la conservación y tenencia de marisco. Las sanciones correspondientes han sido enviadas a las autoridades competentes de la Conselleria de Agricultura y Pesca, así como a la Conselleria de Sanidad del Gobierno de Menorca para iniciar los procesos administrativos pertinentes.

Durante estas acciones, se realizaron 22 inspecciones en varios establecimientos de restauración en la isla, priorizando aquellos que se especializan en pescado fresco y marisco. En particular, los días 14 y 19 de agosto, se llevaron a cabo revisiones en un conocido restaurante de Ciutadella, en colaboración con inspectoras del área sanitaria del Govern.

Los agentes encontraron serias irregularidades, incluyendo la incautación de 72 cangrejos de mar, que sumaban un peso total de 5,48 kg, así como cinco langostas —tres blancas y dos rojas— que no cumplían con las medidas mínimas permitidas. Además, estos productos no presentaban la documentación necesaria que garantizara su origen legal y trazabilidad.

Por otro lado, se identificaron problemas adicionales en Maó, donde se detectaron viveros de langosta que operaban sin los permisos adecuados y se encontraron ejemplares que carecían de la brida de identificación correspondiente. En Sant Lluís, también se incautaron 14 langostas rojas debido a la incapacidad de los encargados de demostrar su trazabilidad legal.

En otro incidente reciente, el Seprona llevó a cabo una inspección en la zona de carga del aeropuerto de Menorca, donde localizaron dos palets de langosta roja viva traída de Francia, supuestamente destinada a varios restaurantes en Ciutadella. La mercancía fue retenida temporalmente por ausencia de la documentación y el etiquetaje requeridos, pero tras la verificación de su trazabilidad, se autorizó su entrega a los establecimientos, mientras se abrían diligencias administrativas por las irregularidades encontradas en su etiquetado.