PALMA, 10 de julio. En una reciente controversia que ha captado la atención de los medios, la asociación STOP Desahucios ha denunciado que la Policía Nacional ha estado llevando a cabo cortes de luz a familias que residen en instalaciones de alquiler proporcionadas por un agente policial en Palma.

Según declaraciones del colectivo, varios agentes policiales se presentaron en la dirección de Joan Miró 24, acompañados por un electricista, con el objetivo de privar de electricidad a los inquilinos que aseguran estar siendo objeto de hostigamiento por parte del policía que les alquila los trasteros donde residen.

Es importante señalar que el pasado lunes se logró suspender el desalojo de dos individuos que vivían en estos trasteros, los cuales son propiedad de un policía local sancionado por el Gobierno regional debido a la ilegalidad de los arrendamientos. Esta acción ha desatado un debate sobre la legalidad y la ética de tales prácticas.

El motivo detrás del desalojo se basa en el impago de la renta que el agente recibía por las propiedades, ya que, se alega, los pagos se realizaban en efectivo y el propietario tiene en su contra una orden de alejamiento del edificio donde se encuentran dichas instalaciones.

Por si fuera poco, al policía local implicado en esta situación se le ha impuesto una multa exorbitante de dos millones de euros por alquilar estas 68 infraviviendas, junto con su detención por este mismo asunto, lo que añade una capa adicional de complejidad y seriedad a la situación.