El Gobierno español ha tomado la decisión de extender las ayudas al transporte hasta junio de 2025, lo que implicará un gasto total de 1.608,7 millones de euros. Esta información se extrae de la memoria económica del decreto anticrisis que fue aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. Este importante desembolso refleja una estrategia destinada a aliviar los costos de transporte para los ciudadanos, aunque también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo de tales medidas.

Con un enfoque particular en las Islas Canarias, el Ejecutivo asignará 120 millones de euros para implementar un descuento del 100% para usuarios recurrentes en los abonos de transporte y títulos multiviaje del servicio público terrestre. Por otro lado, Baleares recibirá una suma de 63 millones con el mismo objetivo, destacando la disparidad en la atención que se otorga a las distintas comunidades autónomas.

La memoria económica, recogida por Europa Press, señala que el impacto fiscal de estas ayudas recaerá en los Presupuestos Generales del Estado, particularmente bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente. Del total mencionado, 1.108,7 millones se consideran dotaciones ordinarias, mientras que 500 millones corresponden a dotaciones extraordinarias, revelando la complejidad de la financiación utilizada para sostener estas iniciativas.

Entre las distintas partidas aprobadas, destaca la inyección de 472 millones de euros destinados a comunidades autónomas que colaborarán en la cofinanciación de los servicios de transporte colectivo. Esta medida, aunque bien intencionada, plantea la cuestión de si cada comunidad está realmente beneficiándose de manera justa de estos fondos, o si algunos territorios se ven desproporcionadamente favorecidos.

Otra parte considerable de este paquete de ayudas se destina al programa diseñado para reducir los precios de los abonos y títulos multiviaje de Renfe Viajeros, que implicará un coste de 464 millones para el erario público. También se han reservado 255 millones para que las corporaciones locales cofinancien sus propios servicios de transporte colectivo, lo que pone de relieve la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de administración pública.

Referente a las ayudas para la disminución del coste de títulos multiviaje y la mejora de los servicios en el transporte regular de viajeros por carretera, los fondos ascienden a 71 millones de euros. Esta asignación es clave para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a opciones de transporte accesibles y eficientes, pero es necesario evaluar cómo se distribuirán efectivamente estos recursos.

Además, el decreto incluye otras medidas de apoyo que, aunque modestamente dotadas con 10 millones cada una, están destinadas a entidades locales para promover el uso de bicicletas mediante servicios de préstamo. Este tipo de iniciativas podría fomentar una movilidad más sostenible, aunque su impacto real sigue siendo un tema de debate.

La memoria económica también prevé la asignación de 80 millones a ayudas autonómicas destinadas a mejorar la calidad de los servicios de transporte público y una suma de 25 millones para las entidades locales en este mismo ámbito, un aspecto que podría beneficiar a las comunidades más pequeñas que a menudo enfrentan desafíos significativos en la gestión del transporte.

Asimismo, se están contemplando ayudas para fomentar la descarbonización, con un total de 20 millones de euros dirigidos a personas y empresas que contribuyan a esta causa, una acción que refleja una preocupación creciente por el medio ambiente, aunque su implementación efectiva es importante para evitar promesas vacías.

Finalmente, el Gobierno también ha decidido abonar 7,2 millones a Renfe para ofrecer un descuento del 100% a los viajeros recurrentes en la red de cercanías de Cantabria, mientras que en Asturias la cantidad destinada asciende a unos 11,5 millones. Esta clase de iniciativas es una respuesta clara a las demandas de los ciudadanos, pero origina la pregunta de si esta es una manera efectiva de abordar los retos del transporte público español o si se trata más bien de una solución temporal que no ataca las causas estructurales del problema.