El Govern balear ha decidido personarse ante la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo en el Tribunal Constitucional en relación a las licencias de los vehículos de transporte con conductor (VTC), según ha informado la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad. El gobierno ha tomado esta medida para defender el artículo 2.2 del Decreto ley del Govern 1/2019, de 22 de febrero, del que considera que puede haberse producido una vulneración del artículo 38 de la Constitución Española.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma será la encargada de llevar adelante las alegaciones necesarias para defender la constitucionalidad de las normas cuestionadas.

El Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo en relación con el precepto que establece la obligación de reservar con una antelación de 30 minutos la prestación del servicio de VTC en Baleares, lo que el Supremo considera que podría vulnerar el artículo 38 de la Constitución sobre la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Esta cuestión ha sido promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.