PALMA, 21 de abril.

El Gobierno balear, junto con otras 11 comunidades autónomas, ha expresado serias preocupaciones acerca de la "inseguridad jurídica e ineficiencia" que podría traer consigo el nuevo modelo de ayudas a la movilidad eléctrica propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Conselleria de Empresa, Empleo y Energía ha señalado en un comunicado que las comunidades creen que esta nueva propuesta no solo replica errores de modelos anteriores, sino que también añade un nivel preocupante de inseguridad jurídica que podría paralizar su implementación.

Las administraciones regionales consideran que el proceso de tramitación es excesivamente complicado, no ofrece ayudas directas y carece de innovaciones en la gestión administrativa. Esto resulta en una mayor carga burocrática para las comunidades, lo que pone en peligro la efectividad y el alcance del programa.

Las quejas han sido oficialmente comunicadas al Ministerio a través de cartas firmadas por las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cantabria, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja y la Región de Murcia.

En estos documentos, las comunidades recuerdan que el Gobierno central ha fallado en cumplir con los compromisos adquiridos hace más de un año para realizar mejoras en la gestión de las ayudas. Además, advierten que, a pesar de presentarse como una continuación, el nuevo modelo requiere que cada región comience de nuevo, estructurando una nueva orden de convocatoria.

Las comunidades critican que esta situación implica una carga administrativa adicional, más demoras y la ausencia de avances significativos, como implementar un sistema de ayudas directas en el punto de venta, algo que tanto administraciones como agentes del sector han solicitado repetidamente.

Asimismo, alertan que la presente estructura no soluciona las incertidumbres jurídicas y técnicas previamente identificadas, consolidando un sistema que consideran ineficaz.

Frente a este panorama, insisten en la necesidad de una "aclaración urgente y definición formal" de parte del Ministerio sobre aspectos cruciales del programa, que son clave para su éxito.

Desde el Govern balear se subraya que las comunidades han presentado propuestas "claras, técnicamente sólidas y respaldadas" tanto por el sector como por organismos europeos, buscando así una distribución más eficiente y directa de las ayudas.

Proponen implementar descuentos inmediatos en el punto de venta para vehículos eléctricos y estaciones de carga, así como incentivos fiscales, como la deducción total del IVA para las empresas que electrifiquen sus flotas, y simplificar los trámites administrativos, en línea con los estándares de la Comisión Europea.

También solicitan una "aclaración formal y una postura firme" del Ministerio para abordar las inseguridades jurídicas detectadas.

Subrayan que esta operación es crucial para la ejecución del programa, especialmente en lo que respecta al reparto de fondos entre comunidades, al régimen transitorio entre convocatorias y a un tratamiento específico para ciertos tipos de empresas.

Además, advierten que si no se resuelven estas cuestiones, se imposibilitará el lanzamiento de la convocatoria, poniendo en riesgo la concesión y el pago de subvenciones a la ciudadanía y empresas.

En respuesta a estas inquietudes, las 12 comunidades han solicitado formalmente una reunión urgente con el Ministerio, la cual se llevó a cabo el pasado 11 de abril.

No obstante, critican que hasta ahora no han recibido una respuesta "clara y formal" del IDAE, lo que sigue causando incertidumbre y preocupación.

A pesar de esta "falta de definición" a nivel estatal, las comunidades autónomas han reafirmado su "compromiso firme" con la transición energética y la electrificación del transporte.

Al respecto, varios gobiernos regionales han aprobado modificaciones en sus presupuestos para concluir la ejecución del Plan Moves III, sumándose a las inversiones ya realizadas en programas de autoconsumo y movilidad sostenible.

Las comunidades han mostrado su total disposición para colaborar con el Ministerio y el IDAE, buscando un modelo de ayudas "realista, coordinado y eficaz" que facilite que los fondos lleguen de manera rápida a la ciudadanía y empresas.

Por último, están abiertas a colaborar de manera conjunta para "hacer realidad técnicamente el programa y resolver los elementos pendientes que obstaculizan su correcta aplicación".