Crónica Baleares.

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El SUP persigue poner fin a las agresiones a policías con el juicio al exgerente del Ibetec

El SUP persigue poner fin a las agresiones a policías con el juicio al exgerente del Ibetec

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) busca demostrar su compromiso con la justicia en el juicio al exgerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer, quien enfrenta acusaciones de agresión sexual, lesiones y atentado contra un agente de la autoridad.

El portavoz del Sindicato Unificado de la Policía de Baleares, Manuel Pavón, ha declarado a los medios que es esencial poner fin a las agresiones contra los agentes de la ley, mientras se encontraba junto al abogado de la organización en el caso, Eduardo Luna, a las puertas del juzgado.

Serra está siendo juzgado por presuntamente intentar besar y lamer la cara de una mujer en un local de ocio en Palma, así como por golpear a uno de los policías que lo detuvieron en mayo de 2022.

El SUP está presente en todos los casos de agresión a policías nacionales que llegan a su conocimiento, destacando la importancia de enviar un mensaje claro sin importar la identidad del agresor, incluso si se trata de un ex alto cargo del Govern balear como en este caso.

El portavoz Pavón ha solicitado un cambio legislativo para proteger el principio de autoridad, que considera que está siendo socavado en el país. Además, ha afirmado que Serra está mintiendo al negar la agresión, citando evidencias físicas y testigos que respaldan las acusaciones.

El abogado Eduardo Luna confía en obtener una sentencia condenatoria por la agresión al policía y ha comentado sobre la sustitución de la jueza del caso, resaltando la efectividad de los sistemas de abstención.

La encargada de llevar el caso será la juez Juana Arbona, después de que Ana María Camaselle se apartara por tener vínculos de amistad con el acusado y posibles testigos.

La Fiscalía solicita una pena de tres años y tres meses de cárcel para Serra, así como una orden de alejamiento y compensaciones económicas para las víctimas. Por su parte, el policía agredido pide cinco años de prisión por atentado y lesiones.

Serra rechazó cualquier acuerdo procesal que implicara reconocer su culpa a cambio de una reducción de la condena, optando por un juicio para defender su versión de los hechos. Su defensa argumenta atenuantes por consumo de alcohol y reparación del daño a través de compensaciones para la denunciante.

El caso llevó a la destitución de Serra de su cargo en la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, generando controversia política en torno al vicepresidente Antoni Costa, quien lo nombró. Costa pidió disculpas por el nombramiento y defendió la presunción de inocencia, rechazando las peticiones de dimisión por parte de la oposición.