El Tercer Sector Social de las Islas Baleares ha manifestado su rechazo al reciente acuerdo entre el Partido Popular y Vox respecto a los presupuestos autonómicos del año 2025, argumentando que este pacto ataca derechos fundamentales de los ciudadanos.

En una conferencia de prensa llevada a cabo el viernes, representantes de la asociación afirmaron que las medidas contenidas en el acuerdo son "profundamente regresivas", ya que crean un marco que fiscaliza la pobreza, estigmatiza a los migrantes y socava los cimientos de la cooperación social construida a través de décadas de consenso democrático.

Entre las demandas que ha expuesto el Tercer Sector está la necesidad de garantizar la dignidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin distinción de su situación personal o administrativa. También han pedido que las políticas públicas se enfoquen en asegurar los derechos de todos. En este contexto, exigen una reunión urgente con el PP para discutir las medidas incluidas en el pacto.

La entidad ha enfatizado que los presupuestos deben abordar "las requisitas reales" de los ciudadanos y fomentar el progreso económico, social y cultural de la comunidad. Sin embargo, han señalado que el acuerdo, tal como está planteado, traspasa "líneas rojas" que no deben ser sobrepasadas.

Entre los puntos que más preocupación generan está la política enfocada en la inmigración irregular, que, según los representantes del Tercer Sector, vuelve a poner el foco en las personas más vulnerables y pasa por alto los compromisos de derechos humanos que el Estado ha asumido tras firmar la Convención de las Naciones Unidas.

Además, han desaprobado la propuesta de limitar la acogida de menores migrantes provenientes de otras comunidades autónomas, recordando que hay una responsabilidad legal y humanitaria hacia estos menores que no puede ser ignorada, a pesar de los conflictos que puedan surgir entre administraciones.

Por otro lado, la decisión de no invertir en nuevos centros de acogida para menores ha sido criticada, ya que implica que los jóvenes sean ingresados en instalaciones que ya están sobrecargadas, lo cual les priva de un trato digno y de oportunidades futuras.

Asimismo, han expresado su alarma ante el endurecimiento de los requisitos para acceder a ayudas y prestaciones, lo que afecta directamente a jóvenes extutelados y beneficiarios de la Renta Social Garantizada, un recurso vital para muchas personas en situaciones precarias.

Por último, han denunciado lo que consideran un intento de desacreditar a las organizaciones que asisten a migrantes en situación irregular, sugiriendo que colaboran con redes de tráfico de personas. Desde el Tercer Sector defienden que esta acusación es injusta y distorsiona la realidad de la importante labor humanitaria que estas entidades realizan desde hace años.

En vista de todo lo anterior, han advertido que este acuerdo podría fomentar un ambiente de xenofobia y odio en la sociedad, culpabilizando a personas vulnerables por problemas sociales que merecen ser tratados con respeto y comprensión.