Empresario de Magaluf afirma que desde la detención del exjefe de Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, dejó de recibir multas y "todo el mundo comenzó a ser tratado por igual".

El hombre ha declarado como testigo en el juicio contra Navarro, otros tres agentes y dos empresarios acusados de extorsión, amenazas y corrupción. La Fiscalía pide penas de prisión que rozan los 30 años y la inhabilitación para los funcionarios públicos.

El empresario ha declarado que antes del arresto de Navarro, sentía que sus negocios eran continuamente tratados de manera diferente a los de la competencia.

El testigo ha mencionado una inspección en su local, donde los agentes supuestamente colocaron droga para ser encontrada por un perro, una práctica que según ellos es habitual para extorsionar. Sin embargo, ha negado haber entregado un video de este operativo como venganza por la difusión de un video del "mamading".

Según el empresario, tardó aproximadamente un año en entregar el video porque intentaba recopilar pruebas a través de un detective privado y porque "no confiaba en la policía". También ha afirmado que cada vez que se quejaba del trato en el Ayuntamiento de Calvià, se reían de él y sus abogados tenían miedo de enfrentarse a los policías de Calvià.

Ha relatado otros episodios de intimidación, como la presencia constante de un coche de policía en frente de su local, multas constantes o sanciones por el mal estado de los chalecos de los tiqueteros que debían adquirir en el Ayuntamiento.

A pesar de las dudas planteadas por los abogados de la defensa, el empresario no ha podido aclarar los importes de las sanciones que recibió, las multas apeladas o los lugares que fueron objeto de inspecciones.

Esta pieza es parte de una macrocausa de corrupción policial en Palma y ha sido asumida por el fiscal de Madrid Tomás Herranz, quien también se encargó de los juicios a Bartolomé Cursach y al juez Manuel Penalva.

La Fiscalía acusa a los policías de Magaluf de extorsionar a los locales hostigándolos con inspecciones irregulares para alejar a su clientela y favorecer a la competencia. Además, los agentes también habrían obtenido beneficios al trabajar directamente como asesores laborales para las empresas y facturar a través de sociedades a nombre de terceros.