IBIZA, 4 de octubre. El Ayuntamiento de Ibiza ha decidido tomar medidas drásticas ante los devastadores efectos de la tormenta conocida como 'Ex Gabrielle'. La administración local ha solicitado formalmente al Gobierno español que se declare a Ibiza como una zona seriamente afectada por la emergencia de protección civil.

En una reunión extraordinaria del Pleno celebrada el pasado sábado, el Consistorio aprobó por unanimidad hacer esta demanda al Consejo de Ministros, en respuesta a los significativos daños causados por las intensas lluvias e inundaciones del 30 de septiembre. Esta iniciativa busca conseguir recursos y apoyo para mitigar las consecuencias de este desastre natural.

De acuerdo a la información suministrada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la mañana de ese día se registraron más de 150 litros de agua por metro cuadrado, alcanzando un total de 252 litros en un periodo de 24 horas. Ante esta crítica situación, la Aemet emitió una alerta roja, mientras que la Dirección General de Emergencias del Govern balear puso en marcha el Plan Inunbal, activando la situación operativa 2 (SO-2).

Las lluvias intensas generaron una crisis sin precedentes en la historia reciente de Ibiza. Los servicios de emergencia recibieron hasta 78 llamadas relacionadas con inundaciones en bajos, caídas de árboles y la amenaza de desbordamientos de torrentes. La Policía Local tuvo que multiplicar sus acciones, registrando 98 intervenciones el 30 de septiembre y 36 el día siguiente, todas vinculadas a las inclemencias del tiempo.

Frente a la magnitud de los daños, 140 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegaron a la isla el 1 de octubre, implementando medidas para asegurar la integridad de las infraestructuras y facilitar la circulación. Su labor fue crucial para restablecer la normalidad tras la catástrofe.

La tormenta también causó importantes disrupciones en la vida diaria de los ciudadanos. Más de 1.200 personas se quedaron sin electricidad durante horas, y la recolección de residuos tuvo que ser suspendida temporalmente. Además, el comercio local se vio seriamente afectado, provocando pérdidas significativas y cerrando muchos negocios debido a las inundaciones.

Las infraestructuras públicas no escaparon al desastre. El 1 de octubre, las escuelas permanecieron cerradas y se reportaron daños en diversas instalaciones municipales, según informaron los Servicios Técnicos. Varios accesos y vías principales, como la Avenida de Santa Eulària, permanecieron cerradas hasta el 2 de octubre, complicando aún más la situación.

En este contexto crítico, el Pleno del Ayuntamiento ha resuelto lo siguiente: solicitar al Consejo de Ministros que declare a Ibiza como una zona gravemente afectada por la emergencia de protección civil, en relación a los estragos provocados por las inundaciones del 30 de septiembre de 2023. También se requiere que se incluyan en esta declaración todas las ayudas y medidas económicas según la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y el Real Decreto 307/2005, con el fin de garantizar la reconstrucción integral de lo perdido.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha subrayado que esta solicitud tiene como fin ofrecer una respuesta oportuna a la crisis generada, brindando apoyo a las personas y sectores más afectados. "Ibiza se está reconstruyendo, unida en este esfuerzo colectivo, y juntos lograremos restaurar nuestra ciudad, priorizando la seguridad y la solidaridad, sin dejar a nadie atrás", afirmó el alcalde.