La Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha manifestado su preocupación respecto al reciente acuerdo presupuestario firmado entre el PP y Vox, destacando que sus implicaciones sobre el bilingüismo buscan, en su opinión, desmantelar el modelo actual de convivencia lingüística.

En un documento aprobado por la junta de la Facultad, se expone la postura respecto a las medidas establecidas en dicho pacto, advirtiendo que tales propuestas pueden afectar directamente los principios pedagógicos y organizativos del sistema educativo balear.

El análisis detallado de las once medidas presentadas bajo el título 'Bilingüismo en la Educación' concluye con una consideración general meticulosa y algunas sugerencias por parte de la institución.

Desde la Facultad se sostiene que las nuevas directrices atentarían gravemente contra la descentralización y la responsabilidad colectiva que fundamentan la autonomía de los centros educativos, ya que invadirían competencias pedagógicas y modificarían la estructura de los proyectos educativos establecidos.

Además, argumentan que esto responde a un intento progresivo y sistemático de destruir el actual modelo de convivencia lingüística en Baleares, un sistema que busca equilibrar el dominio de las lenguas cooficiales, catalán y castellano.

Asimismo, han afirmado que el catalán debe mantener su función central en el contexto educativo, dado que es la lengua predominante en las Islas y ha sido históricamente marginada. Este enfoque, defienden, cuenta con un respaldo legal sólido y es ampliamente aceptado por la comunidad educativa.

La Facultad alerta sobre los riesgos que conllevan cambios que puedan resultar en la segregación del alumnado por lengua, así como la posible alteración del rol fundamental del catalán. Estos aspectos suponen un peligro claro para la calidad y la equidad en la educación pública.

La justificación del acuerdo para mejorar el conocimiento del castellano ha sido calificada como una 'premisa descontextualizada', ya que no considera que el castellano ya tiene una presencia dominante en Baleares mientras que el catalán está en retroceso.

En este sentido, la Facultad señala que la prioridad de las políticas educativas debería ser potenciar el dominio del catalán, lo que es fundamental para cumplir con la legislación vigente y garantizar la equidad educativa.

Por ello, hacen un llamado a preservar el consenso que ha permitido durante décadas un modelo educativo que respete la diversidad y garantice la igualdad de derechos.

La Facultad ha instado a que cualquier modificación en el ámbito lingüístico se base en estudios rigurosos, criterios pedagógicos respaldados por la comunidad académica y en procesos democráticos de participación de los educadores.

El colectivo subraya que es crucial mantener y fortalecer el modelo de convivencia lingüística, así como respetar la autonomía de los centros y asegurar un rol activo del catalán en la cohesión social y la diversidad cultural.

En su documento, la junta de la Facultad también critica la posible revisión de la ley educativa autonómica para incluir el castellano como lengua vehicular, argumentando que carece de fundamentación legal y que puede poner en riesgo el modelo de convivencia lingüística vigente.

Aunque se plantea un plan piloto para la libre elección de lengua, la Facultad expresa que no cuenta con el respaldo pedagógico necesario y podría, en consecuencia, comprometer la cohesión social y equidad educativa.

Consideran que extender estas medidas a la educación secundaria podría intensificar la segregación lingüística, además de fragmentar el sistema educativo de manera perjudicial para la convivencia y la equidad.

También opinan que no es prudente aumentar los fondos destinados a este plan, dado que hasta la fecha su efectividad ha sido cuestionada y hay carencias estructurales en el sistema educativo que necesitan atención prioritaria.

Además, la propuesta de reducir las calificaciones mínimas para la obtención de títulos oficiales de catalán podría suponer una ingerenecia que comprometería la calidad y el reconocimiento de dichos certificados, afectando también la credibilidad del esfuerzo realizado por alumnos y docentes.

Por otro lado, permitir acceso a posiciones docentes sin acreditar el nivel de catalán requerido infringiría principios constitucionales de mérito y podría poner en jaque el desarrollo del proyecto lingüístico del centro educativo.

Finalmente, la previsión de futuros cambios legislativos, que no están claros en el pacto, suscita inquietudes sobre una posible inseguridad jurídica que podría impactar negativamente tanto a la comunidad educativa como a la cohesión social en Baleares.