En un giro sorprendente, Més per Menorca ha decidido votar en contra de su propia ley, tras unirse a la oposición de la izquierda. Según afirmaron, las modificaciones introducidas han distorsionado completamente el sentido original de la iniciativa.

Desde el Partido Popular (PP) se argumenta que las enmiendas realizados han mejorado la normativa, mientras que Vox señala que su intención no es "asfixiar" la economía local. Esta discusión viene a light después de que se llevara a cabo una votación que dejó claro el desacuerdo entre los grupos políticos.

Josep Castells, uno de los principales impulsores de la ley, ha instado a que se vote en contra de los cambios implementados, sugiriendo que sería mejor regresar al punto de partida en un proceso legislativo que no está resolviendo el problema identificado por todos.

En la sesión del Parlament, el resultado de la votación fue 28 a favor, todos del PP y Vox, y 21 en contra de la izquierda, quien se opuso a las modificaciones introducidas en la ley que busca prohibir las fiestas ilegales y regular las actividades en las viviendas de alquiler turístico.

El debate comenzó en la Comisión de Turismo, donde se incluyeron propuestas de enmienda del PP y de Vox que, según la izquierda, han transformado la ley en algo completamente diferente. Lo que originalmente pretendía ser una respuesta a las molestias provocadas por el alquiler turístico ahora parece proteger a los propietarios de dichas molestias.

Castells expresó su frustración, argumentando que el objetivo inicial era que los dueños de las propiedades asumieran parte de la responsabilidad por los ruidos y problemas ocasionados por sus inquilinos. A su juicio, las modificaciones han eliminado esa responsabilidad, dejando a los propietarios sin consecuencias.

Por otro lado, los cambios aprobados eliminan términos clave del texto original y establecen que las normativas en torno al alquiler turístico no son consideradas "ilegales", a pesar de que las fiestas ruidosas se han convertido en una fuente de conflicto entre vecinos.

La ley revisada obliga ahora a los propietarios a informar a sus inquilinos sobre la prohibición de provocar disturbios y, si estos ocurren, deben exigir su salida en un plazo de 24 horas. Sin embargo, las enmiendas no especifican cómo llevar a cabo este proceso.

Esta nueva legislación también establece infracciones significativas por no incluir en los contratos de arrendamiento la prohibición de fiestas, así como por no tomar las medidas adecuadas para su prevención. Además, se contempla la creación de redes de colaboración entre autoridades locales para intercambiar información y mejorar mecanismos de control sobre las viviendas turísticas.

A pesar de las intenciones de revisar y reforzar la ley, se han eliminado disposiciones que habrían conferido a las autoridades mayores poderes para actuar contra las fiestas no autorizadas. Esto incluye la posibilidad de que se impongan multas de hasta 30.000 euros y la retirada de licencias para operar como arrendadores turísticos.

Las propuestas de la izquierda para desechar el nuevo borrador de la ley fueron rápidamente rechazadas, y el debate continuó con posturas marcadamente divididas. Los partidos de izquierda habían presentado enmiendas en un intento de regresar la normativa a sus términos originales, pero estas medidas no prosperaron gracias a los votos en bloque del PP y Vox.

Los representantes del PSIB, Més per Mallorca y Més per Menorca manifestaron su descontento, argumentando que la ley ahora incentiva las fiestas ilegales en lugar de sertarlas. Señalaron que el texto no responde a las preocupaciones de los residentes afectados por el ruido y el caos que suelen acompañar a estas actividades.

El partido VoX, en defensa de su enfoque, pidió que la lucha contra las fiestas ilegales se realice de forma equilibrada, sin comprometer la economía local. El PP también se mostró conciliador, reconociendo que ciertos elementos del espíritu original de la ley deberían mantenerse.

A medida que el debate continuaba, los representantes de la izquierda expresaron su preocupación por la eficacia de las medidas propuestas, temiendo que los residentes y vecinos seguirán expuestos a las molestias de las fiestas en las viviendas de alquiler turístico.

En resumen, el Parlamento ha aprobado un texto que, para muchos, ha perdido su esencia original, dejando a la comunidad con dudas sobre la eficacia de la normativa para abordar los problemas de convivencia derivados del alquiler turístico.