El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, han anunciado hoy que detendrán la compra de 88 viviendas a Metrovacesa debido a razones de oportunidad y legalidad. Además, están considerando presentar una denuncia ante la Fiscalía si se ha cometido algún delito en este proceso.

Durante una conferencia de prensa, los consellers han explicado que la operación de adquirir estas viviendas de lujo por un valor de 28,5 millones de euros ha recibido informes en contra y ha carecido de varios informes legales necesarios.

En términos generales, según han afirmado, esta operación es "nula de pleno derecho" y habría causado un daño a las arcas públicas de más de 10 millones de euros debido a un sobreprecio del 40% en relación al precio máximo tasado por metro cuadrado, al pago de un IVA del 21% (que habría sido solo del 4% si se hubiera llevado a cabo unas semanas después) y a una inversión de más de 400.000 euros en la adecuación de las viviendas.

En cuanto a la urgencia en la ejecución de esta operación por parte del anterior Govern, que en ese momento estaba en funciones, Costa ha afirmado desconocer los motivos detrás de esa decisión, mientras que Vidal la ha calificado de "política en lugar de técnica".