PALMA, 29 Nov.

El Tribunal Militar Territorial Tercero ha levantado una sanción a un Guardia Civil de Mallorca penalizado por presentar una instancia fuera del conducto reglamentario en la que solicitaba medidas de conciliación familiar.

El agente ha contado con la defensa del letrado José Manuel López Lorenzo y el respaldo de Independientes de la Guardia Civil, asociación que ha expresado su descontento ante la necesidad de que sean los tribunales quienes reparen los errores administrativos cometidos por los mandos.

En concreto, el agente fue sancionado tras presentar directamente dos instancias, una dirigida a la directora general de la Guardia Civil y otra a un superior en Artà, el teniente jefe del puesto principal.

Según la interpretación del superior, esto constituía una omisión del conducto reglamentario para presentar cualquier solicitud o queja relacionada con el servicio, tal como establece el régimen disciplinario de la Guardia Civil. Por este motivo, se le impuso una sanción de reprensión por una falta leve.

El Tribunal reconoce que los escritos deberían haber sido presentados a través del conducto reglamentario. Sin embargo, considera que no hubo intención deliberada de ocultar los hechos a los superiores, ya que no basta con realizar la acción descrita, sino que se requiere "una intención deliberada de que los superiores no tengan conocimiento de los hechos que se participan".

En este sentido, la resolución destaca que el propio mando sancionador admitía en el expediente que no se podía demostrar esa intencionalidad por parte del agente sancionado.

Además, la sentencia resalta que "ni el mando sancionador ni los superiores directos del sancionado parecían tener claro cómo debían presentarse las instancias".

La sentencia dispone la eliminación de la sanción en la documentación del Guardia Civil penalizado.

Independientes de la Guardia Civil considera este caso como un ejemplo de "mala praxis" sin repercusión para los mandos que iniciaron y corroboraron el expediente de sanción contra el agente.

Aunque en este caso se trata de la sanción más leve prevista en el régimen disciplinario de la Guardia Civil, IGC advierte que "lo mismo ocurriría si un mando acusa a un subordinado de un delito militar, que incluso podría llevar a una pena de cárcel". "En caso de demostrarse una mala praxis, también quedarían impunes cualquier error en sus motivaciones, decisiones o procedimientos", añaden.

La asociación reitera su compromiso de luchar junto a sus servicios jurídicos "para que ningún Guardia Civil se quede atrás" en este tipo de procesos.