La coordinadora del partido en Baleares ha denunciado haber sido objeto de acoso y amenazas tras ser mencionada por el propietario de la empresa Desokupa, un hecho que ha levantado ampollas en el ámbito político de la región.

En un comunicado emitido desde el Parlament, la diputada del grupo mixto y representante de Unidas Podemos, Cristina Gómez, presentó el pasado lunes su propuesta conocida como "ley desokupa". Este proyecto legislativo busca dotar al Govern de un sistema sancionador para atacar el acoso inmobiliario y facilitar un acceso equitativo a la vivienda.

Según los representantes de Unidas Podemos, la iniciativa legislativa tiene como objetivo modificar la Ley de Vivienda autonómica para introducir el mencionado mecanismo sancionador. Este sistema no solo busca penalizar el acoso, sino también abordar el incumplimiento por parte de los arrendadores en lo que respecta a los gastos de gestión inmobiliaria.

Desde la perspectiva del partido morado, la propuesta es una respuesta a las prácticas de empresas como Desokupa, que, según sus afirmaciones, están implicadas en el acoso inmobiliario y en desalojos extrajudiciales que afectan a familias en situación de vulnerabilidad.

La legislación propuesta establece una definición de acoso inmobiliario que incluye cualquier acción u omisión que perjudique a los ocupantes de una vivienda, con la intención de perturbar su derecho al uso y disfrute pacífico del hogar. Esto incluye la creación de un ambiente hostil que pueda inducir a los ocupantes a abandonar la vivienda.

Asimismo, se contemplan otras formas de acoso que puedan ser más discretas, tales como la falta de reparaciones, manipulación de precios o la utilización de terceros para perturbar el uso del inmueble. Estas prácticas, siempre que no se consideren delitos penales, estarían sujetas a sanciones por parte del Govern, que podrían incluir multas y la obligación de restaurar el uso de la vivienda a quienes han sido perseguidos.

En una adición a sus esfuerzos, Gómez ha manifestado su intención de presentar una enmienda a los presupuestos autonómicos de 2025. Su propuesta busca transformar lo que denomina "el chiringuito de la oficina antiokupación" —una iniciativa del grupo parlamentario de Vox— en una oficina dedicada a combatir el acoso inmobiliario, garantizando así que los recursos se destinen a la protección de los arrendatarios más vulnerables.

Sin embargo, la situación se ha complicado para Gómez y su colega, Lucía Muñoz, coordinadora de Unidas Podemos en Baleares y regidora del Ayuntamiento de Palma. Ambas han expresado su preocupación por el hecho de que agentes de la policía local en Es Castell (Menorca) hayan sido formados por un instructor vinculado a Desokupa, lo que consideran un señalamiento grave dado que la empresa es acusada de acoso inmobiliario.

"Es incomprensible que se brinde apoyo a empresas como Desokupa, que se dedican al acoso inmobiliario", afirmó Muñoz. Este martes, se espera que Gómez inquiera al consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, sobre esta problemática en el pleno.

Además, ambas diputadas han indicado que han sido supuestamente demandadas por el instructor mencionado, junto a otra acción judicial interpuesta por Esteve contra Muñoz. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de ellas ha recibido notificación oficial sobre estas demandas.

En medio de esta controversia, la coordinadora autonómica de Unidas Podemos ha denunciado que el dueño de Desokupa ha subido a las redes sociales un vídeo donde se refiere a ella de manera despectiva, provocando un aluvión de comentarios hostiles. Hasta ahora, Muñoz ha manifestado que no ha recibido ninguna muestra de apoyo por parte del Parlament ni de los medios de comunicación, lo que subraya la creciente polarización del debate sobre la vivienda y el acoso inmobiliario en España.